Número 64 · ENERO 2012

Huracán en La Muela

La Operación Molinos se ha convertido en la mayor intervención contra la corrupción urbanística en la historia en Aragón. 18 detenidos de los que tres continúan en prisión y 26 imputados es el balance de la primera fase del despliegue policial, cuyas pesquisas han sacado a la luz el monumental patrimonio que han acumulado la alcaldesa, María Victoria Pinilla, y su familia durante estos años.

LUIS FACI. [Abril 09] La Operación Molinos constituye, con la detención de 18 personas y la imputación de 26, la mayor intervención contra la corrupción urbanística en Aragón. Ha servido además para quitar la venda que, deliberadamente o no, muchos tenían en los ojos, incluidas las instituciones: en esta comunidad, como en casi toda España, también se ha practicado durante los últimos años el urbanismo salvaje. El mismo que ha provocado que la crisis económica sea más cruenta aún en este país que en el resto de la Unión Europea.

Con 22 años al frente del Ayuntamiento de La Muela (el primer mandato por el CDS y el resto bajo las siglas del Partido Aragonés), María Victoria Pinilla y su familia han acumulado un patrimonio descomunal, a pesar de que ella tiene un sueldo de menos de 40.000 euros al año y que el marido, Juan Antonio Embarba Laborda, sólo tiene a su nombre una semidesconocida empresa constructora. Pues bien, la pareja, los hijos y un primo, Carmelo Aured –primer alcalde muelano de la democracia, aunque en este caso es poco probable que el municipio celebre el 30 aniversario–, se encuentran entre los mayores terratenientes de La Muela, poseen incontables inmuebles y su inabarcable flota de vehículos tiene un valor superior al millón de euros.

Hasta ahora, la cúpula aragonesista había ensalzado públicamente la labor de Pinilla pese a las constantes polémicas urbanísticas. Con la Operación Molinos, sin embargo, la formación expulsó tanto a la alcaldesa como a su marido. Pese a lo cual a la regidora no le ha faltado el respaldo de algún colega, como el alcalde de Cuarte, el también aragonesista Jesús Pérez.

Antes de la presunta trama de corrupción, La Muela era básicamente famosa por dos aspectos: la proliferación de molinos de viento y los viajes al extranjero para los vecinos. Sin embargo, lo que realmente ha marcado esta etapa es una colosal enajenación de suelo municipal con la que se han sufragado millonarias instalaciones, algunas tan llamativas como una plaza de toros o un centro deportivo para 25.000 habitantes. Y, sin embargo, esta masiva venta de patrimonio no ha impedido que en la actualidad el Ayuntamiento afronte una situación económica muy complicada, con problemas de liquidez que han generado numerosas deudas con los proveedores. Así, La Muela tiene en estos momentos tres museos, un auditorio y un colorido aviario pero no tiene dinero para pagar el servicio de autobús a Centrovía.

En las diligencias judiciales, a las que ya han tenido acceso los procuradores, los investigaciones constatan que el Consistorio y la sociedad urbanística han malvendido durante los últimos años en los grandes desarrollos residenciales e industriales del municipio suelo muy por debajo del precio de mercado, lo que habría ocasionado un millonario perjuicio económico a las arcas municipales. Un hecho que aislado tan solo habla de una gestión municipal deplorable, pero que los agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional, el cuerpo responsable de destapar el mayor escándalo urbanístico en Aragón en estrecha colaboración con miembros de la Agencia Tributaria, tratan de unir a un un eventual pago de comisiones. En este sentido, las pesquisas no se limitan al territorio nacional, sino que se extienden por varios países; de hecho, el juez ha remitido comisiones rogatorias sobre decenas de cuentas a Luxemburgo, la República Dominicana y Puerto Rico, donde los responsables de la presunta trama habrían puesto a resguardo sus beneficios.

Más allá de las responsabilidades penales en que hayan incurrido los imputados, una de las cuestiones más flagrantes, y que debería hacer reflexionar a la clase política aragonesa, es que el caótico desarrollo de La Muela en estos años, incompatible con el modelo urbano que recomiendan los expertos, ha contado con el aval de todas las administraciones. En estos momentos, el municipio se compone de hasta cuatro núcleos completamente aislados del casco: la urbanización del Alto de La Muela (levantada hace décadas), el polígono de Centrovía, el Alto de La Muela Norte y Ciudad Zaragoza Golf. Estos dos últimos sectores se han convertido precisamente en el mayor símbolo del crack urbanístico en Aragón: completamente urbanizados desde hace años, no hay dinero para levantar pisos. En el primer caso, porque falta el costoso colector hasta la depuradora de Pla-Za; en el segundo, simplemente porque las promotoras saben que no van a vender las viviendas, lo que ha generado un auténtico cementerio de cemento a pie de la autovía A-2.

De entre los actores de la presunta trama, hay que destacar también la figura de Julián de Miguel y de la empresa que dirige junto con sus hijos: Aranade, que ocupa la gerencia de la sociedad urbanística desde hace años. De Miguel arrastraba un oscuro pasado cuando llegó de Navarra al municipio, lo que no fue óbice para que desde su desembarco en La Muela controlara en la sombra todo el urbanismo a cambio de elevadas comisiones. Ni siquiera se ha abstenido de impulsar desarrollos residenciales en la localidad, ya que ha llevado a cabo cuatro proyectos para 98 viviendas en total.

Una empresa de la familia De Miguel, Tudela Inmobiliaria y Gestión, está también involucrada en uno de los sectores investigados por la Policía, denominado SR-1, junto con Carmelo Aured y otros dos imputados: María Jesús V. I. y Antonio R. V. En esta zona, la principal propietaria de suelo es la empresa Brocover, cuyo responsable, José Carlos Fernández Delgado, está en prisión y con la que están relacionados otros tres imputados.

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