Número 64 · ENERO 2012

Meses de zozobra

La coalición PSOE-PAR atraviesa el peor momento en sus diez años de vigencia. Una situación que ha propiciado sobre todo la marejada interna que se ha instalado en los aragonesistas, sin olvidar los desencuentros evidentes entre ambas formaciones. 

LUIS FACI. [Julio 09] La política aragonesa vive días complejos. Los últimos acontecimientos han elevado el descrédito hacia sus dirigentes que ya había creado la Operación Molinos, y amenazan incluso con llevarse por delante a una coalición de gobierno que en los últimos años había sido modélica. Cuestiones como Gran Scala o el escándalo de Asael no pasan sin dejar huella; el precio político es inevitable.

Hasta el año pasado, las mayores disputas entre PSOE y PAR venían marcadas por una de las señas de identidad de la formación aragonesita: el agua. No había trimestre sin la cuestión hídrica en el candelero; actualmente, casi nadie se acuerda ya del minitrasvase a Barcelona que las lluvias frustraron la pasada primavera.

Actualmente, sólo hay malas noticias en la agenda política: el riesgo de inconstitucionalidad de la ley hecha a medida de Gran Scala, la posibilidad de ruptura con la ley de Lenguas o con la financiación autonómica, la controversia surgida en Asael bajo la dirección del alcalde de Herrera, Jesús Solá.

Este último caso puede servir como paradigma de una forma de entender la actividad política muy implantada en Aragón: por un lado, el hecho de que el alcalde de un municipio de poco más de 600 habitantes tenga coche oficial y chófer, y que encima pague el sueldo de éste con cargo a una asociación que lucha contra la violencia doméstica y que, de facto, pertenece a Asael; por el otro, la existencia de convenios entre departamentos del Gobierno de Aragón y la asociación de entidades locales que controla el PAR destinados únicamente a retribuir a alcaldes y concejales de esta formación. La guinda la pusieron los enfrentamientos internos que generó la precipitada destitución de Solá como asesor de Medio Ambiente y la posterior rescisión del contrato por parte del presidente de Asael de los mencionados ediles.

Septiembre aparece en el calendario como un mes crucial para la estabilidad futura del Ejecutivo autonómico. Tanto Iglesias como Biel coinciden en que entonces se producirán cambios de calado en el Ejecutivo; en el caso del PAR, los relevos serán también de orden interno, aunque es probable que no contribuyan a solucionar el enfrentamiento larvado entre dos sectores del partido, uno encarnado en el vicepresidente autonómico y el otro en el secretario general aragonesista, Alfredo Boné.

La convivencia de los socios de gobierno continúa marcada por los líos. Hay un debate que sí pone en peligro la estabilidad de los socios: la financiación autonómica, cuya tramitación en Madrid ha obviado aspectos incluidos en el Estatuto de Aragón, como la de establecer una negociación y un acuerdo bilateral entre las partes, lo que obviamente no h a ocurrido. Y, respecto a Gran Scala, a las dudas que generaba este mega proyecto envuelto en neblina se unen ahora las dudas de los letrados de las Cortes, un equipo de trabajo independiente con funciones de asesoramiento jurídico, acerca de la constitucionalidad de la ley hecha a medida de sus promotores, y que daría a Ontiñena una entidad legislativa diferente a la del resto del territorio aragonés. Como salida predecible, la DGA restó importancia al papel de estos letrados.

 

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