Llega la hora de hablar de la Ley de Lenguas de Aragón, esa caja de Pandora que llevaba mucho tiempo olvidada en un rincón del cuarto de los deberes y los ponderables del Ejecutivo autonómico y que ahora el PSOE, y solo el PSOE —ni rastro del PAR—, ha decidido abrir con todas sus consecuencias.

RAMÓN RUIPÉREZ. [Noviembre 09] El pasado 8 de octubre, con los votos a favor del PSOE, CHA e IU, la abstención del PAR y el voto en contra del PP, se aprobó en las Cortes la toma en consideración del Proyecto de Ley de Lenguas de Aragón, un proyecto que estaba en la cartera del equipo de gobierno socialista desde que Marcelino Iglesias tomara posesión de la presidencia de Aragón en 1999 e hiciera la promesa de dotar a nuestra Comunidad de una ley que reconocería jurídicamente e impulsaría tanto el aragonés como el catalán, lenguas ambas con una consuetudinaria presencia en Aragón puesto que son utilizadas a diario por cerca de 70.000 aragoneses.
Después de un conato de sacar adelante un anteproyecto de ley (que finalmente fracasó por falta de consenso político y por el fuerte rechazo social que provocó) en la primera legislatura de Marcelino Iglesias al frente del ejecutivo autonómico (1999-2003), la ley de lenguas fue olvidada en el rincón de los ponderables del PSOE durante una legislatura y media más, hasta llegar a nuestros días, cuando, de la noche a la mañana, y a pesar de no contar con el apoyo tácito ni fáctico de su socio de gobierno, el PAR (quien se opone frontalmente a considerar el catalán como una lengua histórica de nuestra Comunidad), el PSOE ha desempolvado ese proyecto, hasta la fecha quimérico para el ejecutivo autonómico, para darle el impulso definitivo y dotar, de una vez por todas, de una ley de lenguas a Aragón.
En esta nueva odisea legal, Marcelino Iglesias cuenta con el apoyo de dos nuevos, y coyunturales, socios, Izquierda Unida y Chunta Aragonesista, amén de con la absoluta desaprobación del Partido Popular. En lo que respecta al aragonés de a pie, resulta harto difícil tomar el pulso en la actualidad a una sociedad que, hoy por hoy, tiene la vista puesta en otros asuntos como, por ejemplo, el paro y la economía, y no en una ley cuya idiosincrasia todavía está por definir y moldear por la vía de las enmiendas.
Por todo ello, y también porque hasta la fecha el proyecto de ley y su posterior votación han pasado “de puntillas” por los medios de comunicación, solapados por otras noticias de mayor calado y trascendencia, es por lo que muchos aragoneses desconocen de qué se habla al referirse a la ley de lenguas de Aragón, y no conocen, por ende, los entresijos de una norma que, caso de aprobarse, significará un antes y un después en nuestra Comunidad por cuanto tendrá unas repercusiones enormes en materia administrativa y social.

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