Número 67 · MAYO 2012

Cada día se celebran en España más de 550 matrimonios y se producen 370 rupturas. En el 95% de los casos, la mujer se queda con la custodia de los hijos, lo que conlleva el uso de la vivienda familiar y una pensión de alimentos. La decisión empieza a no gustar a los padres, que la tachan de “discriminatoria” y reclaman la igualdad de derechos en el proceso legal. En Aragón, los cónyuges no custodios demandan la puesta en marcha de la Ley de la Infancia y la Adolescencia y la Ley de Mediación Familiar. En el día a día, cientos de padres se enfrentan a graves problemas económicos o traumas al no poder ver a sus hijos. Es la otra cara del divorcio.

NATALIA HUERTA. [Noviembre 09] Desde la reforma del Código Civil de 2005 y lo conocido como “divorcio Express” pocas parejas deciden pasar por esa fase intermedia de la separación. La sentencia judicial de divorcio que, generalmente, se dicta en España atribuye a la mujer la custodia de los hijos, una pensión de alimentos y el uso de la vivienda. La madre es, en el 95% de los casos, el cónyuge que se queda con la custodia de los menores, al que protege la ley. De ahí que la mujer salga beneficiada en aplicación del artículo 96 del Código Civil, que atribuye la vivienda al cónyuge custodio.

Según la Confederación Estatal de Madres y Padres Separados, en 2008 se fueron de su casa más de 70.000 hombres y el 80% no tenían medios para pagar una nueva vivienda. Además, después de un divorcio conflictivo entre un 40 y un 60% de los padres, dejan de ver paulatinamente a sus hijos hasta que acaba el contacto al cabo de tres años. La Asociación de Padres de Familias Separados de España (APFS) acordó en su XVI Asamblea Nacional celebrada en Palma este año reclamar que la custodia compartida sea la medida preferente en los procesos de divorcio.

En Aragón, las demandas de los padres separados también se centran en la modificación de la normativa vigente. La Asociación Aragonesa de Padres en Acción es una de las entidades que encabeza la reivindicación. Miguel Cisneros, su presidente, es rotundo al afirmar que “nos sentimos discriminados”. Según dice, “deseamos por encima de todo la aplicación del Principio de Igualdad”. Desde la asociación se demanda la llamada Ley de la Infancia y la Adolescencia, la Ley de Mediación Familiar y la regulación de los siete Puntos de Encuentros en Aragón.

Una de las claves del problema está, según legisladores y padres, es la diferencia entre la patria potestad y la custodia. Como explica el abogado matrimonialista, Juan Piazuelo, “la patria potestad por norma general es compartida” aunque la puesta en práctica de la misma es muy diferente. En cuanto a la custodia compartida, “se acordará cuando así lo soliciten ambos progenitores de mutuo acuerdo, o bien con carácter excepcional, a petición de uno de ellos con informe favorable del Ministerio fiscal, quien velará por los interese del menor". En la práctica, el mal entendimiento entre las parejas impide el mutuo acuerdo necesario para su consecución.

Según explica María José Coll Tellechea, psicóloga clínica especialista en psicología forense “los niños por esta causa suelen desarrollar conductas de tipo desadaptado, sobre todo en el medio familiar, escolar y social”. Pero no son los únicos que sufren. La falta de adaptación a la nueva realidad tiene como “consecuencia inmediata problemas en el ámbito social, muchas veces en el laboral y sobre todo en el familiar” que en casos extremos, llevan a perder el contacto con la realidad”.

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