Número 64 · ENERO 2012

JOSÉ LUIS VALERO COLÁS. PERIODISTA

Están fallando los anuncios de unos y otros sobre la salida superación de la grave recesión económica que azota a Aragón, aunque siga estando un poco mejor que la media nacional. Pasa lo mismo en el ámbito político, donde la paralización y la ausencia de medidas para superar esta situación han encendido ya todas las alarmas. Y en el social, la preocupación aumenta, pero se echan de menos reflejos por parte de todos para presionar e impulsar decisiones que al menos arrojan algunas expectativas de futuro a corto y medio plazo.

Con todo lo que está cayendo y con una cifras alarmantes en Aragón (unos cien mil parados, varios cientos de comercios cerrados, miles de autónomos que se han quedado sin trabajo, decenas de pymes desaparecidas y en peligro grandes empresas —no solo la General Motors, bastantes más—), lo mínimo es que hubiera habido ya reuniones serias, encuentros entre todos los implicados y propuestas para debatir posturas y actuaciones conjuntas. El consenso político, económico y social es imprescindible.

Hasta ahora en Aragón habían funcionado bien los pactos sociales, porque los políticos apenas han existido. Y eso es uno de los puntos débiles, por mucho que sea una costumbre tan española eso de contra pero le va al adversario mejor me va a mí, en lugar de poner por delante los intereses generales de los ciudadanos y no de uno u otro partido. Claro que si eso ya pasa en la política nacional y en todas las Comunidades Autónomas, es casi imposible lograr que en Aragón hubiera una excepción. Pero nos hubiera gustado. Es más nos encantaría que hasta en eso estuviéramos mejor que el resto del Estado y no fuéramos un espejo del penosos espectáculo y la pésima imagen que todas las formaciones políticas, en especial las dos mayoritarias, PSOE y PP, dieron en el Congreso de los Diputados hace unos días.

Parece mentira que no se pueda alcanzar un pacto de Estado, como se consiguió en las primera etapa de la Democracia ante una recesión de este calado. Debería ser la prioridad de los gobiernos, de las instituciones, de los partidos y de las organizaciones sociales. En lugar de anunciar planes imposibles, reformas laborales inaceptables, estropear las pensiones o aumentar sin saber ni con qué objetivos las edades de jubilación, habría que haber realizado un análisis profundo, debatir las prioridades, confrontar las ideas y buscar una síntesis común de todos los puntos de vista. Nada explica que en la Comunidad Autónoma de Aragón nadie ponga como en primer y único lugar alcanzar un acuerdo conjunto. Aquí parece que solo se reacciona cuando están por el medio los recortes de empleo y producción en la General Motors, como si todos los demás sectores industriales y productivos no tuvieran problemas o no estuvieran al borde colapso, aparte de la construcción que seguirá igual si no hay una profunda reforma del sector inmobiliario.

Nadie tiene la varita mágica para arreglar la situación de buenas a primeras, pero los ciudadanos se quedarían más tranquilos si vieran gestos e intenciones y no tuvieran que aguantar que la gran baza del Gobierno autonómico para reducir el gasto público sea exclusivamente pedir a funcionarios que ahorren en papel, fotocopias, lapiceros, teléfono o viajes. La austeridad es importante en las administraciones, pero seguro que a cualquiera se le ocurren otras medidas a sumar que seguro que implican más ahorro en el gasto público. Y ninguna de ellas pasa por dejar a la Universidad de Zaragoza a su suerte, quitándole veinte millones de inversión respecto a 2009, que ya sufrió una fuerte reducción por parte de la DGA, ni mermar la capacidad de formación de investigadores y del desarrollo de proyectos punteros de I+D+i. Así no se va a ninguna parte. Y lo peor está por llegar.

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