Número 64 · ENERO 2012

El Gobierno de Aragón ha autorizado, con unos requisitos que difícilmente cumplirá Madrid, un trasvase. Se trata de una transferencia irrisoria que, sin embargo, abre de nuevo la espita del enfrentamiento con el Levante y deja a la DGA en una situación muy complicada para el futuro.

LUIS FACI. [Febrero 10] La coalición PSOE-PAR ha dicho sí a un trasvase. La cuestión del agua, que nunca ha dejado de estar en el primer plano de la actualidad, ha sido noticia estos meses por una pequeña transferencia que pretende la Generalitat catalana a cuatro pueblos de Lérida. Se trata de apenas 0,6 hectómetros cúbicos, para una población que apenas supera los 3.500 habitantes. Pero la cuestión es más peliaguda de lo que parece. La réplica de las regiones del Levante, previsible, no se ha hecho esperar, con calificativos para el asunto como “canallesco” o “carente de explicación racional”. Ahora se abre una peligrosa espita que el Gobierno de Aragón espera poder controlar.

Otra noticia de no menor calado ha acompañado a la polémica del trasvase, y es que por fin sabemos para qué sirve el Estatuto de Aragón: para que Madrid pida permiso a la Comunidad y que esta elabore un informe preceptivo pero no vinculante. La primera reacción de los socialistas aragoneses fue loar la actitud del Gobierno central, que sin embargo no hizo más que cumplir uno de los requisitos del Estatuto, que tiene rango de ley. Así pues, el consejero de la Presidencia, Javier Velasco, felicitó al Ministerio de Medio Ambiente por cumplir con la legalidad. Por lo demás, no parece muy probable que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero vaya a cumplir las premisas que reclama Aragón para dar su beneplácito a la transferencia de agua, con lo que el Estatuto se vería de nuevo relegado.

Por lo tanto, la cuestión de fondo, lo único que ha cambiado entre el ‘decretazo' de hace dos años por parte del Consejo de Ministros para llevar agua al entorno de Barcelona, lo que solo pudo remediar la lluvia, y la situación actual de relativa complacencia son las formas. Esta vez, Madrid ha consultado con Aragón antes de tomar su decisión —que probablemente adoptaría de cualquier forma—, con lo que no ha despertado el tradicional sentimiento de agravio de los aragoneses.

De los partidos de la región, y tras las consabidas críticas de PP, CHA e IU, destaca —como se ha dicho— la tibia respuesta de los socialistas y el cambio de opinión del PAR. Los máximos dirigentes aragonesistas comenzaron rechazando de plano el trasvase y terminaron aceptándolo, a cambio de unos requisitos que probablemente no se cumplan. Como por ejemplo, la declaración de interés general para obras de mejora de abastecimiento en 72 municipios aragoneses, a lo que Madrid puso reparos desde el principio.

Y, a todo esto, poco ha trascendido sobre la polémica que ha rodeado a la infraestructura hidráulica que servirá para suministrar agua a los cuatro pueblos: Les Piles, Forés, Montmaneu y Santa Coloma de Queralt. Se trata del canal Segarra-Garrigues, una macro obra que costará más de 1.500 millones de euros, de 84 kilómetros de recorrido y que sido denunciado por la Unión Europea por sus daños medioambientales, hasta el punto de que solo será posible transformar un 30% de los campos de secano en regadío previstos inicialmente.

También nos encontrarás en

Tenemos nuevo e-mail de contacto: redaccion@sigloxxidearagon.es

Aviso legal | Quiénes somos | Contacto