Número 64 · ENERO 2012

JOSÉ LUIS VALERO COLÁS. PERIODISTA

La necesidad de recortar el gasto público es una demanda de todos los sectores desde hace más de un año. La propuesta del Gobierno central viene con retraso y más en las comunidades autónomas que ya habían tomado medidas, al margen de su valoración, como es el caso de Aragón. Pero resulta fuera de lugar que la vicepresidenta Elena Salgado, o mejor dicho todo el Ejecutivo y el propio presidente José Luis Rodríguez Zapatero, se descuelguen ahora con un plan de ajuste que presenta lagunas por todos los lados, y no precisamente por la subida del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Más bien por la falta de criterio en los ámbitos políticos, fiscal, financiero, social y en la inversión pública.

Cierto que cuando hay que ajustarse el cinturón, como es el caso, aunque sea con doce meses de retraso, no vale de nada si no es todos a una. Es decir, el Gobierno central y las diecisiete autonomías a la vez y en coordinación. En este aspecto nada que objetar a la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pero en otros puntos, casi en la totalidad hay mucho que matizar y sobre todo mucho por aclarar. Porque no salen las cuentas igual para unas comunidades que para otras y porque no se aplican los mismos raseros en unas que en otras. Ni siquiera se ha puesto encima de la mesa una reordenación completa de la cesta de impuestos, ni de la proporción de corresponsabilidad fiscal que les toca a los ejecutivos autonómicos, tanto en los impuestos cedidos como en los tramos de los estatales en los que participan.

En primer lugar, resulta muy llamativo que el Gobierno central insista una y otra vez en recortar el déficit (en lo que todos estamos de acuerdo) y en el gasto público sin dar ejemplo y sin haber adoptado medidas previas, como la reestructuración política, organizativa y administrativa de todas las instituciones. Valgan como ejemplo los distintos ministerios que podrían haberse suprimido desde el pasado año porque sus funciones no son equiparables al gasto que conllevan. Podemos mencionar en este capítulo a los de Innovación, Vivienda o Igualdad, por citar los tres ejemplos más evidentes. Cubrirían sus funciones desde direcciones generales adscritas a otros ministerios, lo que equivaldría recortar de forma significativa, aunque desde luego no esencial, el gasto público. Ese gesto hubiera dado más credibilidad a cualquier apuesta y planteamientos de ajuste, como el presentado en el mencionado Consejo de Política Fiscal celebrado recientemente.

Y traslademos eso mismo a las distintas comunidades autónomas. En Aragón, se podría haber recortado el gasto en todas las instituciones, desde el Gobierno de coalición hasta los ayuntamientos, las comarcas y las diputaciones provinciales. Es decir, en lugar de haber metido la tijera en las políticas sociales, haberlo llevado a cabo en lo político, institucional y administrativo. Pero claro estamos en año preelectoral y aquí pesan más los intereses partidistas (para todo, no solo para que los que gobiernan las principales instituciones) que afrontar medidas y decisiones que pueden costar votos y cuotas de poder. Porque tampoco Zapatero hubiera propuesto un plan de ajuste si las elecciones generales estuvieran a la vuelta de la esquina, ni Rajoy se opondría (obligado por Esperanza Aguirre) a la subida del IVA si estuviera en mejor situación para ganar una consulta electoral.

La cuestión es que hay más de pose que de efectividad, porque todo el mundo sabe que en época de crisis económica lo más importantes es reajustar los ingresos por la vía de impuestos indirectos, incentivar al sector privado, incrementar la inversión pública para que tire de la economía y mantener el gasto social sin recortes para evitar problemas en el conjunto de la sociedad. Pero no se sabe por qué razón, los ajustes siempre acaban disminuyendo las prestaciones sociales, rebajando la inversión pública, intentando reformas imposibles en el mercado laboral y culpando a terceros. Será por eso de que la responsabilidad para alcanzar acuerdos y consensos de Estado se ha quedado en el olvido de los años ochenta.

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