El pacto por el que los Gobiernos central y autonómico han saldado las mermas de impuestos que había acumulado Aragón en las últimas dos décadas ha dinamitado la credibilidad del consejero de Economía, Alberto Larraz. Al final, la DGA ha aceptado un acuerdo de mínimos que le deja igual que antes, solo que con un buen saco de cemento y ladrillos en la peor etapa inmobiliaria que se recuerda.

La credibilidad del consejero Larraz ha quedado seriamente dañada tras la negociación de la deuda tributaria. Foto: Víctor Lax.

LUIS FACI. [Abril 10] Las buenas noticias se resumen en un titular de septiembre del año pasado: Aragón y el Estado llegan a un acuerdo por la deuda tributaria. El resto, casi todas malas, vinieron detrás. Y han contribuido a lastrar la credibilidad que había acumulado el consejero de Economía, Alberto Larraz. Compensaciones muy por debajo de lo requerido, inmuebles de propiedad dudosa, tasaciones de naturaleza equívoca... Así, queda la impresión de que el conflicto tenía que cerrarse sí o sí, y cuanto antes, mejor.

El proceso de pérdidas en los tributos cedidos por el Estado a Aragón comenzó a finales de los ochenta, aunque se hizo evidente con el Gobierno de Aznar y su nuevo modelo de financiación de 1997. Con la coalición PP-PAR entonces en el poder, la DGA ya empezó a alertar de que se estaban acumulando mermas por la modificación a la baja de impuestos cedidos como el de sucesiones o el de patrimonio. A esto se le añadía que el Estatuto vigente —como también lo hace el actual— recogía expresamente que el Estado debía efectuar “compensaciones” por “cualquier minoración de ingresos”. Con la reforma del IRPF de 2002, el desequilibrio se hizo más acusado. Un año después, el consejero de Economía, Eduardo Bandrés, amenazó en firme a Madrid con acudir a los tribunales.

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La deuda siguió aumentando: 274 millones de euros en 2003, 428 millones en 2005 y 592 millones en 2007. La suma se detuvo aquí, ya que ese año el Ejecutivo autonómico cumplió su amenaza y denunció en los juzgados la situación. Aun así, con esa proyección, la deuda se situaría en la actualidad en cerca de 750 millones de euros.

El 15 de septiembre de 2009, dos fotos facilitaron la solución al conflicto. En la primera, Elena Salgado y José Ángel Biel (reunión que también sirvió para cerrar las heridas entre PSOE y PAR en la DGA); en la segunda, Alberto Larraz y Carlos Ocaña. Ese fue el momento del gran titular. Pero surgieron a la vez las primeras dudas: Larraz cifró el pacto en 500 millones, casi una quinta parte menos de lo debido, y confirmó además que prácticamente toda la deuda se saldaría con la cesión de inmuebles.

Y entonces llegó el informe del Consejo de Estado, que dejó en fuera de juego al titular de Economía aragonés. Este documento resalta que “el valor de los bienes” que el Estado cederá para compensar las mermas “no superará la mitad de la cifra exigida por Aragón”. Esto es, no más de 300 millones de euros. Advertía, además, que la DGA hubiera tenido opciones de recibir todo el importe si reclamaba en los tribunales. La reacción de Larraz fue de desconcierto. Se enrocó en que cero es menos que 300 millones y alegó que el pleito era “dudoso”. Pero no supo explicar los puntos oscuros del acuerdo: incluir por ejemplo la Torre del Agua, cuando es evidente que no se puede vender; aceptar edificios de titularidad más que dudosa como La Caridad; y, como guinda, la famosa supuesta tasación por parte de Tinsa, un documento elaborado en septiembre de 2009 a instancias de Expoagua con el objetivo de hacer frente a una garantía hipotecaria. Hasta el director técnico de Tinsa reaccionó con enfado.

A medida que se fue conociendo la naturaleza del acuerdo, el Gobierno de Aragón rebajó la intensidad de los calificativos al describirlo: Iglesias, por ejemplo, pasó de hablar de un pacto “excelente” a respaldar la “buena negociación” siete meses más tarde. Entretanto, el PAR ha optado por la ausencia o, en su defecto, por justificar el acuerdo. Primero se mantuvo en un discreto segundo plano, hasta que el vicepresidente Biel optó por validar el acuerdo: “También podía haber sido peor”, dijo.