Número 64 · ENERO 2012

NATALIA HUERTA CORELLA. [Abril 10] La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia (LAAD) entró en vigor en todo el Estado español el día 1 de enero de 2007. Como prestaciones de atención, se contempla tanto las económicas como servicios que serán, “prioritariamente”, a través de la oferta pública de la Red de Servicios Sociales por las respectivas Comunidades Autónomas mediante centros y servicios públicos o privados concertados. Esa es la teoría, pero ¿Cuál es la realidad en Aragón? La Comunidad Autónoma parece que aprueba, y con nota. Aragón “obtiene” un 7, según el Dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia del mes de diciembre.

La comunidad es la sexta con mejor puntuación en el conjunto de España. En Aragón, a 1 de marzo se habían recibido 41.790 solicitudes de dependencia, de las que se habían atendido 20.886. A prestaciones en esta materia, el Gobierno de Aragón va a destinar 92 millones de euros este año. Además, se incorpora una dotación de 10 millones para financiar la ayuda a domicilio y se va a elevar en más de 1.000 plazas la oferta de plazas residenciales. Así, Aragón tendrá 4.800 plazas públicas a final de año a las que se suman las 700 concertadas en residencias privadas. Pero… ¿Es suficiente?

Diversas entidades notan los efectos de la norma. Es el caso del Justicia de Aragón. En 2009, se reducía “considerablemente” el número de quejas de mayores por falta de plazas en residencias públicas y desde la institución se cree “que se debe a los recursos individuales que prevé la Ley de la Dependencia y, en concreto, a la prestación económica que facilita el cuidado de la persona mayor-dependiente en su domicilio”. Cruz Roja ha visto disminuir la demanda de la asistencia a domicilio y ahora la entidad ha optado por trabajar más en la prevención del envejecimiento y la promoción de la autonomía personal. Desde la Confederación Española de Personas Con Discapacidad Física y Orgánica (Cocenfe) en Aragón, temen que las ayudas económicas “se considere una fuente de ingresos y no se invierta en el cuidado de la persona dependiente”.

Los servicios siguen siendo más favorables en ciudades que en el medio rural, donde cuidar de los familiares es “una obligación” y no una opción. Las comarcas hacen un gran esfuerzo presupuestario en Acción Social y, como en el caso de la de Los Monegros,  multiplica por tres las transferencias que recibe para este fin desde el Gobierno de Aragón. La asistencia a domicilio es básica para mantener la población mayor en el territorio y como alternativa a la falta de plazas residenciales. En el Campo de Daroca, invierten 200.000 euros para una plantilla de 20 auxiliares que atiende a 35 municipios. Aunque con la Ley de Dependencia, es la DGA quien gestiona estas ayudas y, por lo tanto, temen que deje de financiarlo en las comarcas.

Mientras, en los pueblos aragoneses, hay miles de casos de mujeres que dedican todo su tiempo y esfuerzo a cuidar de sus padres, mientras esperan ayuda. Es el caso de Conchita, que es hija única. Hace siete años su madre, Montse, de 78 años, comenzó a tener síntomas de Alzheimer. Ella cree que “las compensaciones económicas deberían ser ipso facto, yo porque no trabajo fuera pero no normal es que una mujer tiene que ser independiente… ¿qué se puede hace?, si coges alguien para casa, tienes que adelantar tú el dinero… Y en las residencias, dicen que no cogen a nadie con dependencia total, y las plazas privadas cuentas 1.800 euros… Imposible”.

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