Número 64 · ENERO 2012

La gestión de las aguas de la cuenca del Ebro vuelve a enfrentar a Cataluña y Aragón. Foto: Víctor Lax.

La comunidad vecina tensa un poco más la cuerda en la cuestión del agua con un plan hidrológico regional que se atribuye la gestión exclusiva incluso de zonas que comparte con Aragón, como acuíferos y ríos como el Matarraña. Un órdago que la DGA empezó a combatir un día antes de la llegada a Escatrón del número dos del Ministerio de Medio Ambiente, Josep Puxeu.

LUIS FACI. [Mayo 10] Es difícil que la cuestión hidrológica no cope las portadas de los periódicos durante más de un mes seguido. Esta vez, el enésimo desencuentro entre Aragón y Cataluña es mucho más sensible y peligroso: el interés de la comunidad vecina de tensar la cuerda e intentar romper la unidad de cuenca del Ebro.

El temido plan hidrológico catalán ya está aquí, y tiene por objetivo atribuir a la Generalitat la competencia para impulsar, sin cortapisas estatales o regionales, iniciativas como el fracasado trasvase a Barcelona en 2008. Lo más llamativo es que el documento incluye hasta ríos, acuíferos y lagos que comparte con Aragón.

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Aunque ya han pasado varios meses desde que la Generalitat inició la tramitación del denominado plan de gestión de distrito de la cuenca fluvial de Cataluña, no fue hasta hace unas semanas cuando el Gobierno de Aragón puso el grito en el cielo. Y el momento elegido no pudo ser más medido: un día antes de la visita del secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, a la comunidad, donde visitó Escatrón. En esa tesitura, el número dos del ministerio no tuvo más remedio que plantarse: el Estado, dijo, no tiene ninguna intención de practicar una “dejación de competencias”. Habrá que ver, en todo caso, si la posición de Medio Ambiente se mantiene igual de firme cuando la Generalitat dé nuevos pasos hacia la aprobación del plan.

La dudosa legalidad de la iniciativa catalana es tan flagrante que, como novedad, ha conllevado una respuesta unánime de todos los partidos aragoneses, con ausencia (casi) total de reproches. Así, Cataluña aspira a ostentar la gestión no solo de sus cuencas internas, sino también de la parte de la cuenca del Ebro dentro de su territorio. El problema es, para desgracia de los nacionalismos, que los ríos, los lagos y las corrientes subterráneas no entienden de fronteras, cuestión por la que la unidad de cuenca está regulada por ley en España. De este modo, el plan hidrológico catalán fija caudales ecológicos, se apropia de la gestión de acuíferos —incluidos algunos que comparten las dos regiones— y, cómo no, abre la posibilidad de trasvasar agua mediante una eventual interconexión de las redes catalanas.

Aquí, por fin, la posición del Ejecutivo aragonés ha sido tajante. Justo al contrario de lo que sucedió con el fracasado trasvase a Barcelona en 2008 y el reciente minitrasvase a cuatro municipios catalanes, dos retos en los que la DGA miró para otro lado. Ahora ha presentado 17 alegaciones y ha anunciado su intención de acudir a los tribunales si no se mantiene la intención de romper la unidad de cuenca. Habrá que ver si se mantiene la firmeza.

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