Número 67 · MAYO 2012

Pensiones... ¿y el modelo autonómico?

Los gobiernos autonómicos gastan más que ingresan.    Fotos: Víctor Lax.

Durante la última semana de enero se llegó a un acuerdo casi histórico entre el Gobierno y los Agentes Sociales sobre la reforma de las pensiones. Salvado este escollo, parece que alcanzar pactos sobre otras cuestiones pendientes (política energética, política industrial, negociación colectiva etc.) va a resultar menos difícil. Llegado este punto de entendimiento cabe preguntarse: ¿Serán capaces de conseguir, fundamentalmente los dos partidos mayoritarios pero no solo ellos, algún tipo de acuerdo sobre el modelo autonómico futuro?

JULIO R. NAVARRO ANTÍN [Feb. 11] En estos días, de manera insistente se está cuestionando desde diferentes ámbitos el modelo de Estado descentralizado que propicio la constitución de 1978 y que ha llevado a nuestras comunidades autónomas, a unos niveles de autogobierno que para sí quisieran muchas de las regiones de la Unión Europea y que, de hecho y casi de derecho, han convertido a España en un Estado cuasi-federal.

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Modelo Autonómico que después de 35 años de andadura ha generado algunas ineficiencias, que se han hecho mucho más visibles gracias a la terrible crisis que padecemos (sin crisis el modelo también estaría cuestionado, resulta difícil cuadrar las cuentas cuando se gasta más de lo que se ingresa y además se es responsable del cien por cien del gasto, pero no tanto de los ingresos). No pasa nada por reflexionar sobre el estado de la cuestión, existe distancia suficiente y madurez más que probada, para ver los aciertos que ha supuesto este tipo de organización del Estado, que dicho sea de paso han sido considerables, y plantearse cuales han sido los inconvenientes e intentar reconducirlos.

Ninguno de los partidos mayoritarios asume que entre sus objetivos esta reducción del nivel competencial existente, ni la capacidad de autogobierno, pero sí tienen claro que es necesario racionalizar el gasto y que las autonomías se responsabilicen con mayor decisión de los ingresos.

Parece que los partidos políticos tienen clara la aproximación al problema, pero no tanto las posibles soluciones. Así, mientras unos abogan por recentralizar algunos servicios y privatizar determinadas empresas públicas, otros proponen casi como única medicina, racionalizar el gasto, es más, hay quien se inclina claramente por reducir el Estado e inducir más transferencias, incluso dentro de las propias formaciones políticas existen postulados diferentes ante la idoneidad de determinadas estructuras, léanse las declaraciones de Felipe González sobre la oportunidad de la existencia de las diputaciones provinciales o las realizadas por José Mª. Aznar cuestionando las autonomías, mini-estados, dice. De forma que podríamos sintetizar las diferentes posturas, desarrollando por un lado lo que defiende el PSOE, por otro lo que propone el PP y además lo que manifiestan los nacionalistas en general. Así como propuestas más importantes tenemos:

Es probable que la administraciÓn sea eficaz en la provisiÓn de bienes y servicios, pero es dudoso que sea eficiente

PSOE. Los socialistas pretenden ser más rigurosos en el gasto, siendo más eficientes en las compras de determinados productos (por ejemplo el gasto farmacéutico o en los gastos de educación), ajustar determinados servicios públicos sin que se vea mermada la calidad en la provisión (transporte público, alumbrado, limpieza viaria, recogida de basuras, etc.), reestructurar cuando no suprimir algunas de las empresas públicas, externalizar determinados servicios públicos como por ejemplo las televisiones, pero siempre con control de la Administración y culminar el proceso de reformas de los estatutos incorporando las competencias pendientes de transferir.

PP. Al igual que los socialistas, los populares defienden las centrales de compra a nivel nacional, la privatización de determinados servicios públicos buscando en todo momento la eficiencia (determinadas partes de la sanidad, parcelas concretas de la educación y parte de los servicios sociales), privatización e incluso cierre de algunas de las televisiones autonómicas, austeridad en la función pública incluyendo la supresión de muchos de los cargos públicos, reducir el número de consejerías de los gobiernos autonómicos así como suprimir las viceconsejerías de éstos. Recortes drásticos en los gastos de protocolo, reducción al máximo de las empresas públicas así como su ámbito de actuación, reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para fijar el techo de todas las comunidades autónomas así como su nivel de endeudamiento, reforzar la unidad de mercado e introducir transparencia en las actuaciones de la Administración garantizando el acceso a la información.

NACIONALISTAS. Sean éstos moderados o radicales defienden un drástico adelgazamiento del Estado, de modo que inducen a la supresión de ministerios y diferentes organismos que parecen a toda luz innecesarios, tras la finalización del proceso de transferencias de la mayoría de las competencias a las comunidades autónomas.

EN LO QUE TODOS COINCIDEN es en que es necesaria mucha más coordinación entre las diferentes administraciones de manera que no sigamos matando moscas a cañonazos, es decir, a no competir entre ellas por el mismo cliente o a prestar el mismo servicio a veces incluso hasta por tres administraciones diferentes, como muestra un botón: Hasta hace poco en España existía el Ministerio de la Vivienda casi sin competencias por haber sido transferidas, pero sigue existiendo la Secretaria de Estado de la Vivienda colgando de otro Ministerio, a su vez existen direcciones generales de la Vivienda cuando no consejerías en las comunidades autónomas, concejales de vivienda en los ayuntamientos y, si me apuran, consejeros comarcales de la vivienda en las comarcas, cuando menos parece excesivo. Podríamos hacer la misma reflexión con otros muchos servicios públicos y seguramente llegaríamos a la misma conclusión: es probable que la administración sea eficaz en la provisión de bienes y servicios (por recursos no será) pero de ninguna manera es eficiente, recuerdan aquello de resultados obtenidos y recursos utilizados.

En la Administración coexisten hasta seis niveles diferentes y algunos servicios se duplican.

En mi opinión sería deseable que sin prisa (para poder analizar de manera racional lo que les une) pero sin pausa y a ser posible a lo largo del año, entiendo que es difícil hacerlo antes de las elecciones municipales y autonómicas, los dos partidos mayoritarios con la participación de los nacionalistas más representativos, deberían alcanzar un gran pacto de Estado sobre el modelo autonómico (de manera que no esté en revisión permanente) que corrija las ineficiencias existentes, que las hay, y que dé un marco de estabilidad para los próximos 20 ó 25 años, acuerdo que debería alcanzar de manera expresa la racionalidad en el gasto del conjunto de las administraciones públicas de modo que estas sean más eficientes en la provisión de los bienes y servicios públicos.

Al igual que se ha sido valiente en el proceso de descentralización de competencias, no debería suponer mayor problema hacer un ejercicio de centralización de determinados servicios, si la coordinación entre comunidades autónomas y el Estado se hace imposible y con ello se consigue ser más eficiente. En un mundo tan globalizado como el actual el tamaño importa y si las grandes compañías buscan economías de escala, no sería entendible porqué no las han de buscar también las regiones y los estados.

Algunas propuestas

En mi opinión, aunque algunos especialistas —incluido Rodríguez Zapatero— mantengan que el ahorro es insignificante, se debería introducir el copago sanitario, pero no como una medida fiscal dirigida a obtener mayores ingresos con los que poder financiar la sanidad, sino como forma de racionalizar el gasto. Entiendo que bien diseñado (por ejemplo con desgravaciones en la declaración de la renta), el copago podría resultar neutro y, desde mi punto de vista, de esta manera se obtendría un uso más racional de los servicios sanitarios.

La productividad también se debería introducir en la función pública y si se modifican los factores de producción de la administración (se incrementa capital físico) y por tanto se puede hacer lo mismo o más, con menos, será necesario redimensionar las plantillas.

También parecen innecesarios algunos de los escalones de la Administración, coexisten hasta 6 (o más) niveles diferentes de manera que en muchos casos los servicios prestados se duplican e incluso se triplican. No creo que tenga mucha razón de ser la coexistencia de: servicios provinciales de las diferentes consejerías del Gobierno de Aragón, las diputaciones provinciales, las comarcas y las mancomunidades. En un salto mortal a la griega, quizás alguno de estos escalones de la Administración debiera de desaparecer.

se deberÍa introducir el copago sanitario, pero no como una medida fiscal para poder financiar la sanidad, sino como forma de racionalizar el gasto

Urge la racionalización en la educación universitaria, no es razonable que existan carreras (en muchos campus de las universidades españolas) con 3 ó 4 alumnos y con dotación de recursos (profesores, parte administrativa, etc.) para aulas con bastantes más estudiantes. Tenemos más universidades que en los países de nuestro entorno, pero ninguna de ellas aparece entre las 150 mejores del mundo por calidad y excelencia, no tiene sentido que todos los campus tengan que tener todas las carreras, ni que por obligación tenga que haber campus en todas las provincias, tengan o no alumnos.

Parece de sentido común la existencia de un techo de gasto regulado por ley para las diferentes autonomías y que éstas sean completamente transparentes con su deuda.

Que la administración ha de intentar ser más eficiente no es descubrir la rueda, pero no debemos olvidar, que aunque se ha andado mucho camino, la administración todavía arrastra algunos de los defectos del siglo pasado y que son muy difíciles de corregir:

• El acceso a la función pública es cuando menos estresante, cuando no sencillamente frustrante, la selección de entrada se hace con criterios de especialidad en aprobar exámenes de oposición, pero nunca se tiene en cuenta la idoneidad para el puesto, la cualificación, el currículo, etc. La promoción interna jamás cumple el objetivo de premiar el mérito y la capacidad, sino la exigencia de volver a examinarte (de manera rigurosa) sobre materias que en la mayoría de los casos nada tienen que ver con el trabajo diario y mucho menos con la cualificación que en principio debiera exigir el puesto, con lo que la eficiencia con el paso del tiempo (si es que alguna vez formo parte de las prioridades) pasa a ocupar posiciones muy retrasadas en el decálogo de los trabajadores públicos.

• Por otro lado en la mayoría de los casos, los administrados (clientes) tienen la idea de bien público como un derecho universal y gratuito, como no podía ser de otra manera ya que lo son, pero rara es la persona que tiene clara la idea de que la provisión de estos bienes y servicios tiene un coste y en muchos casos elevado (precio), de modo que la demanda de éstos, en muchos casos es irracional (no racional), es decir, como no se paga nada en el momento de recibir el bien o servicio y además el coste se diluye de manera solidaria (impuestos), se demanda mucha más cantidad de la que se demandaría si la visibilidad del coste estuviera más presente por lo que es muy difícil utilizar criterios de eficiencia en el suministro de los bienes públicos.

• Igual que sucede con los clientes, pienso que sucede con los directivos de la Administración, en muchos casos políticos, respecto de la gestión y administración de los bienes y servicios públicos. Al estar muy diluido el control al que están sometidos los directivos, es muy difícil que éstos tengan entre sus prioridades la de ser eficientes en el gobierno y la administración de los bienes públicos.

Reformar la administración es tarea difícil pero no imposible y en pleno siglo XXI, en la época que más se han desarrollado las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, parece que acercar la administración y la provisión de bienes y servicios públicos al ciudadano, no debe estar reñido con la eficiencia en la gestión y la racionalización en el gasto.

Pensiones

El pasado 2 de febrero Gobierno y agentes sociales firmaron el Acuerdo Social y Económico para el Crecimiento, el Empleo y la garantía de las Pensiones, acuerdo que se puede tachar de histórico y que supone una reforma de gran calado para las pensiones y cuyos principales puntos clave son:

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1) La edad de jubilación pasa de 65 a 67 años para todos los trabajadores, a partir del 2013, se irá retrasando progresivamente añadiendo mes y medio cada año hasta alcanzar los 67 en el 2027. 2) Para poder jubilarse con el 100% de la pensión a los 67 años harán falta 37 de cotización como mínimo frente a los 35 actuales, no obstante quien tenga cotizados 38,5 años cuando cumpla 65 podrá jubilarse igualmente con el 100% de la pensión. 3) Se eleva el numero de años para el calculo de la base de cotización pasando de los 15 actuales a 25, elevación que se hará en dos fases, en una primera se utilizaran los 20 últimos años y a partir del 2016 los últimos 25. 4) Se endurece la jubilación anticipada manteniéndose los 61 años para situaciones muy concretas y se generaliza como edad de jubilación anticipada y voluntaria los 63 años cumplidos, introduciendo determinados coeficientes correctores, que podrán jubilarse con una penalización entre el 6% y el 7,5% por cada año anterior a los 67. 5) Cuidar a los hijos menores o ser becario sumará hasta dos años de cotización. Y 6) Se mantienen como periodo mínimo de cotización para tener derecho a una pensión contributiva 15 años, que permitirán cobrar el 50% de la pensión.

Lo que sí parece es que la reforma pactada y que no olvidemos tiene que seguir el tramite parlamentario y ser aprobada por las Cortes Generales, supone un ahorro de PIB que algunos economistas han situado en alrededor del 4% y que según estos mismos profesionales supondrá una rebaja en la prestación que recibirán los futuros jubilados cercana al 10%.

Lo que no se puede obviar es que la mayor parte de los países de la OCDE, especialmente la mayoría de los países de la UE-15, con Alemania y Francia a la cabeza, pasando por Finlandia, Noruega, Suecia, Reino Unido, etc., durante estos últimos tiempos han realizado diferentes reformas en sus sistemas de pensiones con la intención de hacerlos sostenibles en el tiempo.

El envejecimiento de la población no es un problema aislado de algunos países europeos y, por tanto, España no podía hacer la vista gorda ante esta situación que tarde o temprano iba a generar efectos no deseables en sus cuentas públicas, y que incluso ya los estaba provocando de manera indirecta en el corto plazo (parte alícuota del incremento de la prima de riesgo que representaba la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones), bien es verdad que las pensiones no representaban un problema económico inmediato parece claro que a medio plazo suponían un lastre para el crecimiento de nuestra economía.

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El pacto, entiendo que es un paso importante pero seguramente no definitivo ya que (además de que los demógrafos suelen errar en sus predicciones y por tanto se han de introducir los ajustes correspondientes) éste ha dejado fuera algunos aspectos que pueden resultar importantes de cara a la equidad del sistema. Entendiendo que una parte de las pensiones ha de respetar el criterio de solidaridad, seguramente sería más cercano con el principio de solidaridad tener en cuenta toda la vida laboral para el cálculo de la base reguladora, así como, se torna más equitativo introducir algún mecanismo corrector para las llamadas vidas laborales largas, de manera que por ejemplo quien hubiese cotizado 42 años, independientemente de su edad, pudiera jubilarse con el 100% de su pensión.

La reforma también debería ser más generosa con quien, cumplidos los 38,5 años de cotización minima llegada su edad legal de jubilación, decide prolongar su vida laboral.

El pacto se ha hecho fundamentalmente pensando en que el incremento de gasto sería inabordable, pero en ningún momento se ha tenido presente el incremento de los ingresos, y más importante aún, las ganancias de productividad que se han de dar a futuro a nada que nuestra economía haga medianamente bien los deberes.

Otro aspecto que se debería tener en cuenta es que si la pensión media a futuro se va ha ver reducida, no estaría de más introducir algún atractivo en los planes privados de pensiones, de manera que cuando al final de la vida laboral estos son rescatados, su tributación fuese más beneficiosa.

Como siempre sean moderadamente felices.

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