Siglo XXI de Aragón
Número 67 · MAYO 2012
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INFRAESTRUCTURAS / NÚMERO 57 MAYO 2011

Plan RED, una controvertida inversión en carreteras

El Gobierno de Aragón ya ha firmado los contratos del plan Red de Carreteras, que garantizará la mejora y mantenimiento de la red viaria estructurante de la Comunidad durante los próximos 38 años por parte de ocho concesionarias. Los 2.420 kilómetros elegidos concentran el 75% del tráfico de las vías autonómicas, a cuya renovación destinarán 638 millones a partir del otoño y hasta 2014. La mayor inversión jamás hecha en un mapa de carreteras con un problema endémico de conservación.

Carreteras
El objetivo es erradicar esta imagen que presentan algunas carreteras aragonesas. Fotos: Víctor Lax

JORGE ALONSO. [Mayo 11] Los proyectos ya se encuentran en fase de redacción por parte de los contratistas, que comenzarán las obras en octubre y deberán finalizarlas en un plazo inamovible de 30 meses. Deberán hacer encaje de bolillos, puesto que al mismo tiempo la fundación del RACC someterá a una exhaustiva auditoría los 800 kilómetros de carreteras autonómicas más transitados (aquellas que registran una intensidad media diaria de 2.000 vehículos) y cuyos resultados estarán antes de finales de año. Todas las deficiencias detectadas se tendrán que incorporar a los proyectos, aunque no supondrá un problema irresoluble porque serán actuaciones de bajo coste y de fácil subsanación, como deficiencias de señalización, falta de protecciones o la proliferación de maleza que empeora la visibilidad en las curvas.

A los 638 millones de inversión inicial se unirán durante los 35 años restantes de concesión otros 1.010 millones en trabajos de mantenimiento ordinario (a razón de casi 29 millones anuales) y otros 211 en obras extraordinarias a lo largo del periodo en los ocho sectores en los que se ha dividido el mapa carretero de la Comunidad.

Sobre el papel, el plan Red admite poca discusión más allá de la hipoteca inversora que supone. Aragón compromete una ingente inversión de golpe para modernizar sus 82 vías autonómicas principales, cuyo posterior mantenimiento se pagará en función de la calidad del servicio que se preste y del nivel de siniestralidad que se registre. Como máximo, se destinarán 97 millones de euros constantes al año, lo que supondrá un desembolso total de más de 4.360 millones al final del periodo de las concesiones. El consejero aragonés de Obras Públicas, Alfonso Vicente, aseguró que con este programa se disparará la inversión en carreteras en un 40% respecto a la media de los últimos años.

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El coste, lógicamente, es mayor que si se hiciera con fondos propios de la Administración, pero se carece de ellos y, además, el plan Red no figurará como deuda pese a supone casi un 2% del presupuesto de la Comunidad. “Si hoy hubiera capacidad para disponer de esos 638 millones de euros sin necesidad de endeudarse y trabajar el mantenimiento con empleado público, evidentemente saldría más económico, algo más económico. Nadie lo discute. El problema es que no tenemos recursos económicos para evitar el endeudamiento y, por tanto, las carreteras no se ejecutarían”, aseguró el director general de Carreteras, Antonio Ruspira.

Para el Gobierno autonómico es la fórmula perfecta, aunque la oposición tilda de “barbaridad” que se hipoteque en buena medida la capacidad de inversión durante los próximos años y que se haya adjudicado sin saber cuántos sectores acabarán computando como deuda pública. Uno de ellos, el del Teruel, ya se sabe que lo hará y existen dudas sobre otro dos más de Zaragoza y Teruel que aún debe aclarar la oficina europea de estadística (Eurostat).

Ni siquiera este último apartado preocupa al consejero de Obras Públicas, para quien lo importante es asegurar la calidad y mantenimiento de las carreteras y, por tanto, su seguridad para las próximas cuatro décadas. “Se ampliará el patrimonio viario y lo único que puede pasar es que dos zonas computen como deuda y, como consecuencia, disminuya la capacidad de endeudamiento de Aragón”, argumentó tras firmar las contratos, a finales de marzo.

Alfonso Vidente hizo especial hincapié en asegurar que el ritmo de pagos no está en juego, puesto que se destinarán los mismos 97 millones anuales, computen o no como deuda pública uno, dos o tres sectores del plan Red. Es decir, su viabilidad no estará en peligro.

EL PLAN RED SUPONE RENOVAR EL 45% DE LAS CARRETERAS AUTONÓMICAS

Lo que nadie cuestiona es que se generarán y mantendrán miles de empleos durante las obras, más de 13.000 con los cálculos de la DGA, de los cuales se mantendrán 750 para encargarse del posterior mantenimiento. Otro aspecto trascendental es que las concesiones serán una garantía de trabajo para las constructoras aragonesas, que participan de forma masiva en las uniones temporales que han ganado los ocho concursos. Y se han presentado a sabiendas de que la tasa interna de rentabilidad está muy ajustada, entre un 7,5% y un 8,5%, según el director general de Carreteras, y entre un 6% y un 7%, según varios de los contratistas consultados. Esto motivó que las grandes empresas constructoras del sector, reunidas en torno a la patronal SEOPAN, decidieran no acudir a las licitaciones.

La realidad es que la conjunción de territorio extenso, municipios diseminados y poca población han supuesto el peor cóctel posible para el mantenimiento de una red autonómica de carreteras que suma 5.600 kilómetros. Los limitados recursos disponibles ha imposibilitado históricamente modernizar la red, por lo que se iban haciendo apaños hasta que la Consejería de Obras Públicas decidió lanzar la novedosa fórmula de la colaboración público-privada a principios de la legislatura. Las consecuencias del déficit son más que evidentes desde los años 80 y aún más si se comparan los datos con autonomías de similares características a Aragón, tal y como evidenció el director general de Carreteras, Antonio Ruspira, en una comparecencia monográfica en las Cortes de Aragón.

Para Ruspira, el plan Red supone la cuadratura del círculo porque todo son ventajas: “Para la DGA, porque actúa de una forma global y realista en una parte fundamental de la red autonómica; para el Ministerio de Fomento, al cerrar la red mallada estructurante; para bancos y cajas, porque abre una posibilidad de negocio; para la iniciativa privada, al ofrecer un marco de negocio a las constructoras a largo plazo y, sobre todo, para la sociedad, porque compromete la eficiencia en el servicio público”.

Con las adjudicaciones en la mano, se logra que a los 640 millones de inversión inicial se sumen otros 24,25 millones para instalar sistemas y centros de explotación (uno por cada uno de los ocho sectores del plan Red). Las empresas tendrán que destinar una partida anual de 29 millones durante las próximas cuatro décadas para asegurar el mantenimiento ordinario de la red estructurante de Aragón. Pero también desembolsarán 211,8 millones a lo largo de la concesión en trabajos extraordinarios.

Canfranc
La sala de la Corona del Pignatelli sirvió de escenario para la firma de las concesiones del plan Red en marzo.

Las concesionarias se encargarán de todo y la Administración mantendrá la titularidad y las tareas de supervisión, de las que dependerán los importes de los pagos cuatrimestrales que se harán a las empresas.

Los números del plan Red son mareantes. La principal tarea a ejecutar es el acondicionamiento integral de 751 kilómetros a lo que se sumará la mejora de firmes y seguridad vial en 1.669 kilómetros. En total, los citados 2.420 kilómetros, repartidos entre Zaragoza (946 kilómetros), Huesca (842) y Teruel (628).

Ruspira recurre a las grandes cifras para explicar el proyecto, como los más de 3,5 millones de toneladas de asfalto que se llegará a utilizar, los más de 834 kilómetros de barreras de seguridad que se colocarán por todo el territorio o los más de 12 millones de metros cúbicos de tierra que se moverán en los desmontes. El proyecto recoge igualmente la construcción de 47 viaductos, la ampliación de otros 13, al igual que la de 9 túneles. “Esta es la envergadura del proyecto del que estamos hablando”, dijo.

Pero tampoco se descuidarán otros elementos que ayudarán a la explotación y redundarán de forma indirecta en la seguridad y la asistencia al viajeros, cono la instalación de estaciones de toma de datos, paneles de mensajería variable, estaciones meteorológicas y cámaras. También se ha previsto instalar dos nuevos antialudes en carreteras pirenaicas.

Otras actuaciones son menos costosas, pero igualmente para mejorar el capítulo de seguridad de las carreteras autonómicas: la señalización. El último informe de la Fundación Española para la Seguridad Vial (Fesvial) apunta que las vías aragoneses son las que peor nota reciben del país, que no se llegan al aprobado. La situación cambiará radicalmente con el plan Red, puesto que permitirá renovar la señalización vertical a lo largo de los 2.420 kilómetros en los que se intervendrá, además de instalar y mejorar las barreras a lo largo de los 840 kilómetros anteriormente citados. Además, se repintarán las marcas viales del asfalto hasta sumar 7.200 kilómetros lineales, lo que permitirá que muchas carreteras tengan al fin los arcenes y las separaciones de carril delimitados de forma clara.

LA INVERSIÓN EN CARRETERAS SE DISPARARÁ UN 40% RESPECTO A LA MEDIA DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

Tanto el consejero de Obras Públicas como el director general de Carreteras han asegurado en varias ocasiones que la adjudicación del plan Red no supondrá que el resto de las vías autonómicas caigan en el olvido. De hecho, comprometen una partida presupuestaria ordinaria entre quince y veinte millones para garantizar el mantenimiento de la denominada red capilar, cuyos 3.000 kilómetros registran muchísimo menos tráfico. Si es verdad o no su compromiso se verá en los próximos presupuestos, aunque los partidos de la oposición y los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, vaticinan que no habrá dinero.

Para el portavoz parlamentario del Partido Popular y candidato a la Alcaldía de Zaragoza, Eloy Suárez, el plan supone un “una bomba de deuda con espoleta retardada” y vaticina que acabará por “asfixiar la capacidad de gestión del próximo gobierno autonómico”. Al igual que el diputado de CHA Chesús Bernal y el coordinador regional de IU, Adolfo Barrena, califica la postura de la DGA de “irresponsable” y ha exigido en vano que se paralizara la adjudicación mientras no se sepa si computa como deuda uno o varios sectores. El más duro ha sido siempre Suárez, quien ha cuestionado las “prisas” en firmar los contratos a dos meses de las elecciones cuando lo tendrán que pagar los que vengan detrás. “En doce años han sido incapaces de resolver los problemas en las carreteras y ahora que están con un pie fuera tienen prisa”, sentencia.

Desde Chunta se considera que se han hipotecado las cuentas autonómicas para las próximas cuatro décadas, mientras IU pone también el énfasis en la “privatización” de las carreteras aragonesas, cuyo mantenimiento costará ahora más dinero.

El punto de vista de la DGA es muy distinto y sus afirmaciones también ponen en evidencia la contradicción de alguno de los partidos. Mientras la oposición crítica aquí la fórmula concesional, comunidades autónomas gobernadas por el PP, como Valencia, La Rioja y Castilla y León, han solicitado información sobre el sistema de pago que se ha ‘inventado’ el Ejecutivo aragonés. “Hasta ahora todo se pagaba por demanda de tráfico y las entidades financieras han cerrado la posibilidad de financiarla, por lo que abrimos brecha con este sistema de pago basado en la disponibilidad”, concluye el director general de Carreteras.

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