Número 67 · MAYO 2012

Frente común por las grandes infraestructuras

La nueva presidenta del Gobierno de Aragón tiene muy claro que no piensa cejar en la reclamación de las grandes infraestructuras pendientes en la Comunidad. Para ello, no solo contará con el apoyo de sus socios del PAR, sino de la oposición. Pero no hay que llevarse a engaño, porque el margen de maniobra es mínimo. Todo, o casi todo, pasa por Madrid, y la crisis obligará a replantearse dónde se destina el escaso dinero que habrá para inversión.

JORGE ALONSO. [Septiembre 11] La necesidad de hacer un frente común lo demuestra no solo el hecho de que los proyectos pendientes sean estratégicos para el desarrollo y la competitividad de Aragón, sino el hecho de que los grandes ejes viarios y ferroviarios pendientes en Aragón superen con creces los dos billones de las antiguas pesetas de presupuesto total. Y en esta factura se incluyen las actuaciones que el PP consideró verdaderamente prioritarias en su programa electoral, reducidas a un puñado de infraestructuras largamente demandadas.

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En el capítulo de carreteras, los desdoblamientos de las carreteras de Logroño, Castellón y Barcelona, la construcción de la autovía Cuenca-Teruel (A-40) y la finalización de las obras del eje pirenaico y de la autovía Pamplona-Huesca-Lérida. En ferrocarril, la factura es muchísimo más abultada, dado que los conservadores urgirán un compromiso real y firme con la reapertura del Canfranc, la renovación de la línea Zaragoza-Valencia y la ampliación de la Ronda Sur de la capital. Para estas actuaciones se requieren, como mínimo, 12.190,5 millones de euros. Tema aparte es la Travesía Central Pirenaica, que ha salido de las previsiones financieras de la Unión Europea y de las redes transeuropeas de transportes en favor del Corredor Mediterráneo.

El esfuerzo se antoja titánico, porque con la actual coyuntura económica es imposible mantener el ritmo inversor de las dos últimas décadas, en las que fluyeron las ayudas europeas como un auténtico maná. El Gobierno de Rodríguez Zapatero no se ha atrevido a meter la tijera, por lo que sigue incluyendo año tras año partidas económicas, simbólicas en unos casos e irreales en otros, para mantener vivos los sueños y evitar aún más críticas. Así se encuentran un buen puñado de autovías de Aragón, como la A-40, la A-68, la A-24 (Daroca-Calatayud) y la duplicación de la N-211 (Alcolea del Pinar-Monreal del Campo), además de una larga lista de variantes.

Luisa Fernanda Rudi parece que sí ha hecho parte de la tarea, porque ya ha podado buena parte de las reivindicaciones aragonesas y por cuyo abandono tantos ataques ha lanzado su partido a los socialistas en los últimos años. De hecho, su programa electoral condensaba en dos folios las mejoras en infraestructuras que, a su juicio, “garantizarán el impulso imprescindible para ese Aragón líder que queremos construir. La atención a las infraestructuras tiene un triple valor para Aragón: mejora la capacidad productiva de nuestras empresas, colabora al equilibrio territorial y aumenta la calidad de vida de los ciudadanos”.

realismo

Los populares empiezan a mostrar un discurso más realista en materia de infraestructuras respecto al de los últimos años, en los que los partidos, los medios de comunicación y la sociedad civil exigían todos los proyectos al mismo tiempo. En su programa electoral apuntan que las mejoras pendientes en la línea ferroviaria entre Zaragoza, Teruel y Valencia, la ampliación de la Ronda Sur para los mercancías en la capital y la puesta en servicio del túnel ferroviario y viario construido bajo la A-68 pueden esperar, aunque supongan una mejora de la competitividad para Aragón. A su juicio, deberán acometerse “a medio plazo” dadas las actuales “restricciones presupuestarias”.

El PP ya ha seleccionado las inversiones que cree prioritarias para Aragón

De hecho, el PP reconoce que es “consciente” de las dificultades presupuestarias, pero entiende que las infraestructuras reseñadas son “imprescindibles” para lograr los objetivos de desarrollo deseados. “Para ello, es necesario aplicar criterios de rentabilidad económica y social al fijar las prioridades en esta materia, así como explorar nuevos modelos de colaboración público-privada en aquellos casos en los que esto sea posible”, destaca el programa electoral.

Y ese giro explica que ahora defiendan una priorización de las inversiones, centrándose en las que económicamente sean “sostenibles y útiles para aportar valor añadido a Aragón”. Dentro de esta política, advierten de que utilizarán análisis de mercado y de coste-beneficio para evaluar la sostenibilidad de las nuevas infraestructuras. “Con este criterio, habría que ir repensando el futuro del ferrocarril regional o de parte de los ejes carreteros defendidos, como las autovías Daroca-Calatayud y Monreal del Campo-Alcolea del Pinar”, reconocen varios responsables de los grandes partidos a esta revista.

Aunque los populares son defensores de la fórmula de la intervención público-privada, una buena parte de sus críticas se han centrado en uno de los proyectos estrella del Gobierno de Marcelino Iglesias basado precisamente en esta política: el plan Red de carreteras. De hecho, el PP pretende tumbarlo porque considera que hipoteca la capacidad inversora de la Comunidad hasta 2048 “por su coste anual y por el aumento de déficit que conlleva”.

Su lacerada crítica la recogieron en el programa electoral, aunque sus dirigentes reconocen en privado que será casi imposible echar atrás unas adjudicaciones hechas esta primavera que garantizan un negocio de 5.200 millones de euros a constructoras aragonesas y españolas. De hecho, su objetivo se va a centrar en negociar una posible rebaja en la factura anual mediante una reducción del número de vías a mejorar y mantener en dicho plan. “Vamos a estudiar hasta qué punto podemos pararlo, incluyendo la posibilidad de adjudicarles obra directa de una forma acompasada”, señalaron.

EL GOBIERNO DE ARAGÓN cuestiona ahora el plan Red, pero no sabe aún cómo pararlo

Los populares y los propios socialistas son muy conscientes de que la hipoteca real del plan Red es más que importante, puesto que los más de cien millones que habrá que desembolsar al año reducirá a la mínima expresión la capacidad inversora de la consejería de Obras Públicas. Entre esta partida y las ayudas directas a las compañías de transporte rural y a los regionales de Renfe no habrá dinero para otras cosas en el departamento, argumentan con cierta amargura los cargos del PP consultados.

Esta realidad no supone una cortapisa para que los conservadores hayan anunciado, dentro del ámbito de las competencias autonómicas, otro plan de carreteras centrado en enclaves turísticos y en los accesos a las estaciones de esquí. También comprometen las mejoras de acceso a las plataformas logísticas de Zaragoza (Plaza) y de Huesca (Plhus), ya que en la primera hay habitualmente retenciones y en la segunda padecen serios problemas para garantizar el paso de vehículos pesados. Solo para la construcción del nuevo vial de Plaza, conectando con la Ronda Norte y la vieja carretera de Madrid, se requieren diez millones de euros.

puntos negros

Otro de los grandes objetivos en materia viaria es la seguridad, para lo que defienden “colaborar” en la supresión de los puntos negros de accidentes. E incluso concretan acciones: “Impulsaremos progresivamente dobles biondas no agresivas para los motoristas en las carreteras que dependen de la Comunidad y promoveremos su implantación en las carreteras del Estado”. La tarea es ingente, puesto que en Aragón hay 144 kilómetros de carreteras nacionales con un elevado riesgo de accidente. La mayoría están en Huesca, que con 113 kilómetros es la segunda provincia española con más tramos peligrosos, según el último estudio EuroRap elaborado por distintos clubes automovilísticos, entre ellos los reconocidos Race y Racc. Estos puntos negros se concentran en vías de doble sentido, con cruces al mismo nivel y con una intensidad media diaria (IMD) de tráfico baja, entre 2.000 y 10.000 vehículos.

El criterio de racionalidad y del coste en función del beneficio no parece haberlo aplicado el partido en el caso del ferrocarril convencional. Aunque sus líderes sostienen en privado lo insostenible que supone mantener servicios ferroviarios con una escasa demanda, en el programa electoral se plantea una “potenciación” de los regionales y la creación de una “ambiciosa red de cercanías” para el entorno metropolitano de Zaragoza. A su juicio, esto sería una medida para lograr “expandir” la riqueza de la ciudad al extrarradio.

Acabar con los puntos negros, prioridad para el nuevo Ejecutivo regional

Eso sí, el PP pretende abordar lo que todos los gobiernos predecesores han pretendido en vano: renegociar el convenio con Renfe, que supone 4,8 millones de euros a las arcas autonómicas, para “definir un nuevo modelo de ferrocarril de cercanías y media distancia” que sí haga atractivo y rentable el servicio. En este sentido, cuestionan el modelo de cercanías implantado en Zaragoza al considerarlo “inoperativo”.

En el catálogo de medidas para esta legislatura también incluyen otro clásico, la eliminación de los pasos a nivel, aunque la competencia sea del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), ente público dependiente del Ministerio de Fomento. No obstante, la realidad es la que es, con 143 pasos repartidos por todo Aragón (67 en Huesca, 53 en Zaragoza y 23 en Teruel). Si se cumplen las expectativas del ADIF, en los próximos meses se eliminarán 46, por lo que la presidenta Luisa Fernanda Rudi únicamente tendrá que ‘batallar” por 97.

aeropuertos

Otro de los aspectos en los que el nuevo Gobierno pretende trabajar es en la potenciación de los aeropuertos, un objetivo genérico en el que están de acuerdo todos los partidos y que tampoco está en sus manos.

Para empezar, sueña con convertir el de Zaragoza en toda una referencia europea en mercancías, como lo son los de Luxemburgo, Lieja, Bruselas y Colonia. Y para ello, plantea mejorar la terminal de carga recién construida (aunque ahora esté infrautilizada), urbanizar suelos para fines logísticos e industriales (algo que ya está haciendo AENA) y exigir las infraestructuras pendientes para aterrizar con nula visibilidad (en redacción).

En el caso de los aeródromos de Huesca (Monflorite) y Teruel (Caudé), defenderán la rentabilización de las inversiones explorando nuevos usos. Todo un reto. 

• Nº 60-Sept. 2011

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  –Crisis de valores y catarsis, de Manuel Muñoz

  –Algunas reflexiones sobre la evolución del sector inmobiliario, de Julio Tejedor Bielsa

  ECONOMÍA

  Objetivo: crear empleo

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  Frente común por las grandes infraestructuras

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  Propuestas políticas para ¿demandas reales?

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