Aunque en parte de cara a la galería hasta el momento, el adelgazamiento en el gasto anunciado por Luisa Fernanda Rudi ya se hace notar. Hay recortes de todo tipo, aunque aún faltan los sustanciales. De cara al 20-N, las mayores novedades políticas vienen de las coaliciones de centroderecha y -esta, en ciernes- de izquierda.

Rudi, en la foto junto a Bermúdez, nuevo consejero de Presidencia. Fotos: V. Lax.
LUIS FACI. [Septiembre 11] A dieta. Como ya avanzó Luisa Fernanda Rudi antes de las elecciones, el principal objetivo del Gobierno del PP en estos meses ha sido, junto a analizar el estado de las cuentas, someter a un estricto plan de adelgazamiento —tras los empachos de años anteriores— a la maquinaria administrativa de la DGA, con el objetivo de reducir un déficit presupuestario que, para este año, se ha fijado en más de 900 millones de euros. Y se hará a todos los niveles: desaparecen la vicepresidencia y las viceconsejerías, se pasa de doce a nueve departamentos (destacan por su complejidad la fusión de Medio Ambiente con Agricultura y de Educación con Universidad), baja un 25% el número de altos cargos y se recorta en aspectos tan variopintos como en patrocinios deportivos, coches oficiales, el cocinero privado del presidente, teléfonos móviles o fotocopias. Iniciativas que, en cualquier caso, deberán complementarse con medidas de calado en problemas verdaderamente estructurales y complejos, como el agujero sanitario (más de 400 millones de desfase), para el que hasta el momento los populares no han aportado una fórmula concreta.

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Los ejes de estos cuatro años, que se plasmarán en función de lo que determinen los resultados de la auditoría —se conocerán a mediados de octubre—, serán pues el recorte de gasto corriente más prescindible, la eliminación de empresas públicas (“apenas el 20%” del centenar creadas en la etapa de Marcelino Iglesias, según el consejero de Hacienda, Mario Garcés, “presta servicios de interés general”), mejorar la gestión de la Sanidad y la Educación sin menoscabar los servicios y buscar un pacto financiero con el Estado, para lo que la condición sine qua non es que Mariano Rajoy se convierta en presidente del Gobierno. La inversión en infraestructuras tendrá por fuerza que pasar a un segundo plano, por lo que las horas del tan ambicioso como incomprensible Plan Red están contadas.
Una de las iniciativas más llamativas, y probablemente la más costosa, será el macroconcurso de carácter interno entre trabajadores en comisión de servicio (alrededor de una quinta parte de la plantilla de servicios generales de la administración autonómica; es decir, alrededor de 1.500 personas) para obtener una plaza en propiedad.
Desde que ocuparan sus cargos los nueve consejeros electos, apenas ha habido lugar para sobresaltos. Las primeras comparecencias en las Cortes de los nuevos jefes de departamento aportaron un buen puñado de discursos aunque pocas novedades, que se esperan ya para el otoño. El mayor protagonista hasta el momento ha sido, algo lógico dado el carácter económico de los primeros meses de gobierno popular, el titular de Hacienda y Administración Pública. La oposición también ha cargado especialmente contra Garcés, que en su primera comparecencia en las Cortes fue tildado por la oposición de “prepotente” y de quien los partidos de izquierda no olvidan su papel en las FAES. En el apartado negativo cabe destacar al director general de Cultura, Humberto Vadillo, que justo antes de su nombramiento había vertido en la red social Twitter controvertidas opiniones contra el idioma aragonés; ante las críticas, se vio obligado a cerrar su perfil en este portal.
El PAR, socio a medias… por ahora
Aparte de los pactos de gobierno, que han llevado al PAR a presidir casi la mitad de las comarcas (14 de 32) y a controlar un tercio de las direcciones generales (15 de 44), en la negociación entre PP y PAR los aragonesistas han puesto sobre la mesa una petición inexcusable: el desarrollo del Estatuto. Una reivindicación que, pese al visto bueno de los populares, difícilmente pasará a primer plano en un corto plazo que va a acaparar la crisis económica.
LOS PACTOS HAN LLEVADO AL PAR, entre otros logros, A PRESIDIR CASI LA MITAD DE LAS COMARCAS
Otras dos concesiones del PP han despertado desde resquemores a duras críticas. Por un lado, la presidencia de las Cortes —un cargo que requiere de una absoluta equidad hacia los partidos— para el líder del PAR, José Ángel Biel, que ya ha dejado claro que intervendrá desde un escaño cuando la situación lo requiera. Y, por el otro, dejar en manos de los aragonesistas, y en concreto del propio Biel —hay que recordar que ya no forma parte del Gobierno regional—, la comisión bilateral Aragón-Estado, órgano desde el que desarrollar las competencias que recoge el Estatuto autonómico. Ante la noticia, Chunta amagó con recurrir al Tribunal Constitucional.
De estas dos cesiones, la más espinosa es la última. Especialmente tras darse a conocer el informe suscrito por la letrada mayor de las Cortes (puesto para el que Biel aspira a colocar al aragonesista Xavier de Pedro), Carmen Agüeras, para quien el hecho de que el cargo recaiga en alguien ajeno al Ejecutivo autonómico generaría “disfunciones en el ejercicio del control al Gobierno”. Ante el documento, Biel esgrimió un argumento irrebatible: si el reglamento de las Cortes no se adapta a tus necesidades, adáptalo; la reforma está en marcha.
El papel del PAR ha sido delicado. Tanto antes como después de las elecciones ha pesado el lastre de la promesa electoral del partido de no formar parte del Ejecutivo aragonés con menos de ocho diputados. Un impedimento, dados los siete escaños en las Cortes logrados por los aragonesistas, para el que el PAR ha aplicado una receta casi infalible: el tiempo. Estaba claro que la formación aragonesista iba a acabar entrando a gobernar con el PP. Para ello, utilizó una cita electoral que, más allá de lo que repitiese Rodríguez Zapatero, se daba por seguro para el otoño, como así ha sido. De este modo, tras el 20-N el PAR, que ya ocupa un buen número de segundos escalafones —direcciones generales— en la DGA de Rudi, pasará, si no se tuercen las negociaciones, a formar oficialmente parte del Gobierno. Entonces, medio año después, quién se acordará de las promesas electorales.
Pero la ‘joint venture’ entre ambos partidos no se quedará ahí. Llegará hasta Madrid, donde el PP cederá a su aún semisocio un cargo de senador por provincia. Los populares no han accedido a extender esta coalición al Congreso, como sí sucedió en 1996. Entonces, el pacto entre PP y PAR llevó a los aragonesistas Manuel Lorenzo Blasco, Luis Estaun y José María Fuster al Senado y a Antonio Serrano al Congreso. Hay otro precedente, en 1982, aunque tiene características especiales ya que unió a un crisol de partidos a escala nacional.
PSOE aragonés: ¿sosiego o apatía?
Mientras, el PSOE aragonés, y especialmente su líder, Eva Almunia, transmite la impresión de continuar aturdido tras la amplia derrota de mayo. La mejor muestra quizás sea el apoyo del grupo socialista a Biel como presidente de las Cortes, que no fue bien recibida a nivel interno desde el propio partido.
Apenas se ha oído estos meses la voz de Almunia, cuyas ausencias en las comparecencias de los nuevos consejeros autonómicos fue llamativa. En todo caso, sí parece que la candidata socialista ha decidido llevar a cabo una oposición tranquila, sin grandes aspavientos.
Aun así, es de remarcar que apenas se han oído desde entonces voces discordantes, más allá de las declaraciones del histórico Antonio Piazuelo, ya ex diputado y que ha creado una corriente alternativa denominada Sexto Espacio. Un nombre que ya en sí mismo evidencia la crítica hacia Javier Lambán y su entorno (tras el Cuarto Espacio de la DPZ), aunque Piazuelo también ha cargado contra Miguel Gracia, cerebro del PSOE desde Huesca. Fuera de este oasis, sin embargo, apenas ha habido reacciones de calado. Esta postura podría responder a una estrategia de llevar a cabo con calma un proceso de buscar respuestas y soluciones al descalabro, aunque lo más probable es simplemente que la digestión de la derrota está siendo tan compleja como se preveía.
Llegados a este punto, parece difícil que se produzcan movimientos internos importantes hasta que se acerque el congreso regional del año próximo, cita crucial para los socialistas aragoneses, que deberán designar al sucesor de Marcelino Iglesias al frente del partido.
Frente de izquierdas
Si algo se ha movido en el centroderecha aragonés, se barrunta ya una brisa a la izquierda: por primera vez, CHA e IU podrían concurrir en coalición a unas elecciones (en este caso, el 20-N). Ambos partidos, además, invitarían a otros minoritarios de la misma orientación ideológica.
El movimiento surgió a raíz de un manifiesto, titulado ‘Por una izquierda plural’ y suscrito por una decena de personas —entre ellas, Pedro Arrojo, Paco Iturbe o Carlos Azagra— provenientes sobre todo del ámbito medioambiental, que llamaba la atención sobre la “absurda pugna” de partidos a la izquierda del PSOE y sobre el hecho de que, con el PP, estaban “en juego” en su opinión “las conquistas sociales”. El objetivo sería lograr un escaño en el Congreso.
Aunque sin grandes alharacas, IU ha dado el visto bueno al eventual pacto, mientras que CHA ha decidido consultar antes a las bases antes de tomar una decisión. Así, el acuerdo parece muy factible. 

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