Número 67 · MAYO 2012

El PSOE contiene la respiración

¿Habrá sorpresas en el reparto de la tarta electoral?.

Seis meses después, de nuevo a las urnas. Ante la revuelta situación de la política nacional, estas elecciones generales podrían deparar unos resultados históricos, siempre en beneficio del PP o de la coalición CHA-IU y en perjuicio del PSOE. La frontera la marcan los cuatro diputados logrados por el PSOE en 2008: aunque parece complicado, cualquier resultado que empeore esta cifra sería calamitoso.

LUIS FACI. [Noviembre11]  Sin tiempo para recuperarse de los comicios de mayo, llega un nuevo proceso electoral, esta vez de carácter nacional. A priori, los trece diputados en juego en Aragón ­—siete por Zaragoza, tres por Huesca y tres por Teruel— parecen claros: ocho para el PP, cuatro para el PSOE y uno para la coalición CHA-IU. Sin embargo, no se puede descartar que haya sorpresas. El escaño que más baila, en un principio, es el séptimo por Zaragoza, que aunque debería ser para los socialistas no está descartado que acabe en manos del PP e, incluso, que vaya a la coalición de izquierdas. Cualquiera de estas dos opciones acentuaría la debacle socialista.

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En el recuento histórico de elecciones generales, nunca el PP ha pasado de ocho diputados en Aragón, al igual que no se ha dado que el PSOE baje de cuatro; del mismo modo, CHA e IU no han logrado jamás más de un diputado. Por lo tanto, todo lo que fuera salirse de estos márgenes depararían unos resultados inéditos.
Y la batalla principal está en Zaragoza, ya que en Huesca y Teruel se da por sentado que el reparto estará entre socialistas y populares —así ha sido desde 1979—. Aquí, la duda estriba en si el PSOE descenderá en esta provincia más allá del suelo del año 2000, cuando con obtuvo 150.000 votos y dos escaños. Sería devastador. Frente a esto, los populares aspiran a superar el 48% de los sufragios logrados ese año, que les proporcionaron cuatro diputados en la provincia. Únicamente si se acercaran a un dudoso 60% pelearían por el quinto diputado en Zaragoza, algo que tampoco ha sucedido nunca con la excepción de 1982, aunque entonces por la provincia se elegía a ocho representantes y no siete, como ahora.

Mientras, a la coalición CHA-IU le bastaría con obtener un diputado (aunque sea por unos meses cada uno, como así lo han establecido). Los nacionalistas repetirían de este modo el resultado de 2000 y 2004 y la formación de izquierdas, el de 1989 y 1993.

La TCP y el trasvase

Entre tanto, la deriva de la política nacional sigue marcando la agenda de los partidos aragoneses. En las últimas semanas, fuera de la situación de las arcas autonómicas han sido dos controvertidas cuestiones las que han copado el debate público en la comunidad, donde —más allá de la escenificación de candidaturas— apenas se advierte la inminencia del proceso electoral: la caída en desgracia de la Travesía Central del Pirineo (TCP) y el inevitable —¿alguien dudaba de que al final aparecería?— rescate del trasvase del Ebro que el PP levantino sigue reclamando. En cada uno de estos dos casos, Aragón ha tenido un antagonista distinto: José Blanco y Esteban González Pons. No parece, en cualquier caso, que esto vaya a influir lo suficiente en la elección de candidatos del 20-N.

el trasvase del ebro ya ha aparecido, esta vez de manos de gonzÁlez pons (PP)

En la segunda de las cuestiones mencionadas, es el propio Partido Popular el que parece empeñado en despertar su mayor fantasma, para satisfacción del PSOE y de la coalición CHA-IU. Tan solo 24 horas después de que Mariano Rajoy fuera taxativo en una entrevista y negara que el trasvase se fuera a incluir en el programa del PP, el vicesecretario de Comunicación del partido y candidato al Congreso por Valencia fue igual de tajante y dijo que su partido no había abandonado la transferencia de agua. Un día después matizó sus palabras —habló entonces de “un nuevo consenso” en materia hídrica—, pero la liebre ya había saltado. Es probable que si González Pons viene a Aragón sea aún más evasivo con la cuestión.

Mientras, el mazazo de la TCP era algo esperado, y que no tiene que ver con una decisión de Bruselas sino con el apoyo obvio que el Gobierno central —de nada ha servido que Madrid y Aragón compartieran color político— lleva años dando al Corredor Mediterráneo: casi 10.000 millones de euros ha destinado a esta infraestructura en siete años.

La caída en desgracia —parcial, ya que en teoría el túnel a través del Pirineo solo se retrasa— del proyecto más interesante para Aragón ha dejado sobre todo en evidencia a dos políticos: Inés Ayala, eurodiputada por el PSOE aragonés en Bruselas, y Víctor Morlán, que lleva siendo alto cargo del Ministerio de Fomento tantos años como ejercicios el Gobierno central se ha decantado por el corredor levantino. Ninguno de los dos, ni por supuesto Eva Almunia o Marcelino Iglesias, ha levantado la más mínima crítica hacia José Blanco, el verdadero artífice de que la región siga aislada respecto a Francia. Aunque tuvo el valor de venir a Zaragoza el mismo día en que se hizo pública la decisión de postergar la TCP —en una comparecencia en la Cámara de Comercio en la que el PSOE tuvo que echar mano de miembros del partido ante la espantada del empresariado aragonés, muy descontento con la decisión—, Blanco no ha escatimado muestras de alegría hacia la elección del Corredor Mediterráneo.

duplicidad de cargos: Belloch (PSOE), número 1 al Senado; Eloy
Suárez (PP), al Congreso

Ya en clave interna del PSOE aragonés, y ante la abulia que mantienen sus dirigentes tras el mazazo de mayo, aún colea la andanada de Lambán contra Membrado. Sus duras declaraciones contra el aún diputado, que no tiene apoyo orgánico en Aragón, sentaron mal entre los socialistas aragoneses, aunque pocos se atrevieron a alzar la voz. Únicamente el denominado Taller de las Izquierdas, en el que figuran históricos del partido como los ex diputados Roberto Ortiz de Landázuri, Enrique Bernad o Luis García-Nieto, hizo pública su “indignación” por la salida de tono. Y echaron en cara a Lambán, entre otras cosas, que aún mantenga tres cargos: alcalde de Ejea, diputado provincial y diputado autonómico, cuando el candidato presidencial de su partido, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha recomendado no tener “dos cargos”.

También su sucesor al frente de la Diputación Provincial de Zaragoza, el popular Luis María Beamonte se refirió a la acumulación de cargos públicos. En este caso, para comparar las situaciones del alcalde zaragozano, Juan Alberto Belloch —número uno por el PSOE al Senado—, y del portavoz del primer partido de la oposición municipal, Eloy Suárez —número uno por el PP al Congreso—. Para Beamonte, lo de Belloch es “dejación de funciones” y lo de Suárez, “fundamental en su labor de oposición”. Hay que recordar que, en principio, el escaño en el Congreso exige una mayor carga de trabajo que el asiento en el Senado.

Diagnosis financiera

Por otro lado, la llegada del envite electoral servirá para activar de forma definitiva al nuevo Gobierno de Aragón, que hasta ahora ha carburado a medio gas. Probablemente, para que la tónica habitual que va a marcar los próximos meses —ya se barrunta una reducción del 5% en el presupuesto autonómico de 2012—, los recortes, no pusiera en peligro el cuarto diputado al Congreso por Zaragoza al que aspiran los populares en la comunidad (en realidad, este cuarto escaño se da por descontado).

El próximo será un año en el que, ante la falta de dinero para invertir, se aprovechará para redactar proyectos, a la espera de que en 2013 la situación haya mejorado algo y estos se puedan llevar a efecto. Mientras, del diagnóstico que deparen la batería de informes que ha impulsado el Ejecutivo, entre ellos el de sanidad y de política territorial, dependerá buena parte de la acción a corto plazo de la administración autonómica. En esta última materia, por ejemplo, queda en el aire cómo se plasmará la repetida reorganización comarcal, y que se centrará, a tenor de las palabras del consejero del ramo, Antonio Suárez, en el gasto de personal —proliferan los casos de sueldos desorbitados no ya de los presidentes, sino de vicepresidentes comarcales— y en las sedes.
Ya se conocen además los resultados de la auditoría interna encargada por el Gobierno de Aragón. En principio, el documento iba a marcar las líneas maestras del diseño presupuestario de 2012, aunque lo cierto es que no se dejaron ver demasiadas novedades respecto a lo que ya se conocía. La impresión que dio la comparecencia del consejero de Hacienda, Mario Garcés, es que hay un gran agujero en forma de déficit (943 millones para este ejercicio), pero que aún es pronto para encender la alerta roja.

las empresas públicas aragonesas acumulan una deuda de unos 400 millones de euros

Sí es preocupante el diagnóstico sobre las empresas públicas, que acumulan una deuda de unos 400 millones de euros. El pasivo lo suman fundamentalmente las entidades de carácter inmobiliario, como Suelo y Vivienda de Aragón o Plaza, lo que convierte al Ejecutivo autonómico en víctima de haber ejercido el papel de promotor urbanístico durante los años de bonanza. Esto hace además que la única solución pase por una quimera, al menos a medio plazo: que se recupere el mercado inmobiliario a unos niveles aceptables, de forma que los activos se revaloricen.

Aun así, el Ejecutivo autonómico sigue con la idea de reducir en un gran número el global de empresas públicas. Sodemasa y Sirasa, por ejemplo, se convertirán en una única entidad. Cuenta con muchas opciones de desaparecer, entre otras, Aragón Desarrollo e Inversión, dedicada al capital riesgo.

En tanto se lleva a cabo la mencionada reorganización, a mediados de octubre se cerró el nombramiento de los integrantes en los consejos de administración de las distintas empresas públicas en la parte correspondiente a la DGA. Como es habitual, los partidos repartieron los cargos entre sus afines, con preponderancia en este caso para los miembros del Ejecutivo autonómico, en este caso PP y PAR, presente en prácticamente todas las sociedades y que incluso presidirá tres de ellas.

La que ya es seguro que ha acabado siendo víctima de la crisis económica ha sido la candidatura de Zaragoza y el Pirineo aragonés a albergar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022. Primero fue el Ayuntamiento el que cortó el grifo económico y después le ha seguido inevitablemente el Gobierno de Aragón, lo que de facto hace que la candidatura esté disuelta. Para 2011, la iniciativa contaba con unos 700.000 euros en los presupuestos. Con Gran Scala y Expo Floralia también en el dique seco, queda claro que este no es el momento de proyectos de grandes dimensiones. 

• Nº 62-Noviembre 2011

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