Siglo XXI de Aragón
Número 67 · MAYO 2012
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POLÍTICA

¿AUSTERIDAD?
en tiempos de crisis

Austeridad. Esa parece ser la seña de identidad que marcará la legislatura del Gobierno de Aragón que encabeza Luisa Fernanda Rudi. Y es que la política se ha convertido en la tercera preocupación de los aragoneses. El sueldo de los políticos despierta interés y recelo entre los ciudadanos, más en momentos difíciles como los que atraviesa España, con un sueldo mínimo interprofesional de 641 euros y casi 5 millones de parados.

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El gobierno de Rudi pretende mirar con lupa todos los gastos.

NATALIA HUERTA. [Noviembre11]  El pasado mes de julio, el Gobierno de Aragón aprobaba un Código de Buenas Prácticas, una veintena de “principios éticos y de conducta que marcarán la acción del Ejecutivo”.  Recoge temas como “la renuncia a cualquier privilegio” y “el uso adecuado de los medios que tiene a su disposición”, es decir, “coches oficiales, viajes, telefonía”.

El consejero de Hacienda y Administración Pública, Mario Garcés, apuntaba en su presentación que el “objetivo es alejar la mala percepción que tiene la ciudadanía de los políticos”. No lo tienen fácil. Este año, los políticos se colaban en el Barómetro de Opinión de Aragón entre las tres grandes preocupaciones con el paro y la economía.

El código es una acción más dentro del programa del Ejecutivo aragonés para afrontar la situación de crisis y remarcar lo que parece que será el signo del arranque de la legislatura: la austeridad. Junto a la presentación del documento se anunciaron medidas de reportes que supondrán el ahorro, según la institución, de 1,8 millones de euros en lo que resta de año gracias a la supresión del 22% de altos cargos, asesores y personal de confianza. El nuevo Ejecutivo cuenta con nueve departamentos frente a los once del anterior, y se han eliminado las vicepresidencias y viceconsejerías. También se ha anunciado una reducción del 30% del gasto para atenciones protocolarias.

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Lo que parece incalculable es el gasto que sí se produce en políticos y altos cargos. Sus sueldos despiertan recelo, más en momentos difíciles con un sueldo mínimo interprofesional de 641 euros y casi 5 millones de parados. Según la Ley de Presupuestos 2011 de Aragón, la base del sueldo de la presidencia es de 80.974,92 euros al año, incluyendo el sueldo (17.071,80 euros) y otros complementos. Los honorarios para vicepresidencia son de 67.653 mientras que para los consejeros es de 64.607 euros. En el caso de las Cortes de Aragón, los diputados cobran desde 70.000 euros anuales hasta los 95.000 dependiendo de las funciones dentro de la Cámara.

Aunque a los sueldos hay que sumar otros gastos como coches oficiales, seguridad, viajes, comidas o regalos institucionales que se cargan como gastos de protocolo. O la asistencia a plenos o comisiones. Los consejeros con dedicación exclusiva reciben 232 euros por asistencia a pleno (cuatro al mes) y 130 euros por comisión y ponencia. O las dietas por asistencia a consejos de administración de empresas públicas, a los que acuden por ser representantes políticos, es decir, como obligación del propio cargo. La media es de 300 euros. "Con todos estos “extras” se llegan a duplicar los sueldos”. Con la aprobación del nuevo presupuesto, los aragoneses sabrán si los sueldos de los máximos representantes se reducirán o congelarán.

Como el Ejecutivo, algunos representantes de instituciones están apostando por reducir la estructura institucional o incluso su propio sueldo. Es el caso de la nueva alcaldesa de La Muela o el presidente de la Comunidad de Teruel. En el Ayuntamiento de Zaragoza, los ediles CHA y PP están dispuestos a estudiar la posibilidad de renunciar al cobro de dietas por asistir a las reuniones de patronatos y sociedades municipales. Como afirma el concejal de CHA, Carmelo Asensio, “hay que dar pasos, gestos razonable hacia la ciudadanía”. Para Pablo Asín, presidente del sector de Administración Autonómica del sindicato CSIF cree que se “acusa a los funcionarios cuando la responsabilidad está en los políticos” de la situación actual. Reconoce que “si se hacen medidas generales racionales y se cumplen, se ahorra; pero esas medidas tienen que ir acompañadas de verdadera austeridad por parte del que más cobran”. 

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