Número 67 · MAYO 2012

Como ciudadanos, tenemos derecho a unos servicios que también implican obligaciones.

Derechos y obligaciones

“Ordeñar la vaca mientras dé leche”, no deja de ser cuando menos simplista porque puede ocurrir que la vaca desaparezca. Si difícil es administrar la escasez en muchas ocasiones resulta tarea más complicada administrar la abundancia, cuando hay opulencia es fácil relajar los niveles de eficiencia y esto es lo que ha ocurrido en los años que precedieron a la crisis. Ahora toca movernos en años de carencias y en este sentido para mantener y consolidar los derechos adquiridos debemos actuar por el lado de las obligaciones, necesitamos un esfuerzo común en el que todos pensemos más en cuales deben ser nuestras responsabilidades y menos en cuales son nuestros privilegios.

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JULIO R. NAVARRO ANTÍN [Diciembre 11] El pasado 28 de noviembre, se celebró en el paraninfo de la Universidad de Zaragoza, la segunda sesión del ciclo “Hacia un nuevo modelo productivo” que organizan la Fundación Zaragoza Ciudad de Conocimiento y el Consejo Social de la Universidad de Zaragoza. Fue moderado de forma eficiente por el científico Zaragozano Luís Oro y que tuvo como ponentes al propio Oro, a la empresaria Carmen Vela, Directora General de INGENASA, al Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Antonio Hernando y al ex-Secretario de Estado de Universidades e Investigación y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Rojo, todos ellos de reconocido prestigio y mayor capacitación. La verdad es que no éramos muchos los escuchantes, aunque es seguro que todos con una alta predisposición, lo sorprendente no fue el número reducido de personas que acudimos a tan magno lugar a aprender de gente que sabe, sino que hasta donde alcanza el conocimiento, no estuvo por ahí ninguna de las autoridades, aunque fuera de segundo nivel, que tienen responsabilidades sobre el tema que se trataba y esto ocurre recurrentemente, salvo que haya foto de prensa o toquen a arrebato.

Sirva esta introducción, a modo de ejemplo, para acotar lo que a partir de aquí se va a tratar y que tiene mucho que ver con las últimos 15 ó 20 años vividos a nivel global, es más, muy probablemente de los últimos 60 ó 70 acaecidos más concretamente en España y que con sus grandes momentos y con otros no tan agradables nos han conducido hasta aquí, hasta finales del 2011. Y es en este momento; en el que nos encontramos dentro de la peor crisis económica de la Edad Moderna, salvada la Gran Depresión y que nos tiene sumergidos en aguas profundas de las que no vemos fácil salida; cuando nos planteamos reflexionar sobre los excesos pasados y decisiones futuras que impidan o cuando menos mitiguen posibles desfases venideros. Escuchar a los que tienen mucho que aportar debería ser cuando menos obligatorio.

los servicios universalizados, que no gratuitos, tienen un coste que hay que pagar

A nuestro entender existe una crisis identitaria a nivel de sociedad en su conjunto que hace que sin prisa pero sin pausa, debemos actualizar nuestra forma de relacionarnos a nivel grupal, se debe ser más exigente con las normas de las que no hemos dotado como colectivo que comparte una serie de principios y que ha decidido incorporarlos a toda la organización del Estado, seguramente debemos reinventarnos como sociedad, sino, es muy posible que no terminemos bien este invento. La economía del bienestar supone que los servicios universalizados, que no gratuitos, tienen un coste que hay que pagar (por otra parte muy difícil de visualizar por el usuario) y el umbral que nunca debe ser superado, es aquel en el que se permita que entre iguales, unos corran con los gastos de otros que, han decidido no participar de la obligación de contribuir pero sí de la fiesta que supone el vivir en un estado que proporciona grandes seguridades.

Pensamos que esta crisis económica tiene mucho que ver con una crisis de valores sin precedentes, el esfuerzo, el compromiso, el mérito, la competencia, la lealtad, la reflexión, la discreción, el trabajo en equipo, la confianza son palabras que parece se hayan borrado del diccionario de la Real Academia de cómo hacer proyectos empresariales y de vida y se hayan sustituido por otras como mediocridad, pelotazo, estoy en mi derecho, yo, yo, yo, y otras muchas de este tenor.

Y se preguntarán ustedes qué tiene que ver todo este discurso filosófico con la economía, pues a nuestro entender todo. La colectividad a la que nos referimos y en la que hemos devenido organizarnos, además de otros importantísimos principios morales que conforman la manera de ser y de hacer, es sobre todo una comunidad fiscal, en la que para gozar de determinadas contraprestaciones, previamente o la par hay que ingresar vía tributos en la caja común, comunidad que se fundamenta en la solidaridad y la competencia, entre y de, los miembros que la conforman.

Y esta colectividad, entre otros, los servicios que tiene universalizados que generan derechos para los usuarios y que por su importancia en los Presupuestos Generales de las comunidades autónomas, suponen cerca del 80% del total, deberían implicar ciertas obligaciones, tiene:

Derecho a la Sanidad Pública

La Constitución Española establece que son titulares del derecho a la protección de la salud todos los ciudadanos, españoles y extranjeros, que posean la residencia en el territorio nacional español y agrega además, que es total obligación de los poderes públicos la organización y tutela de la salud pública. Siendo como es un derecho reconocido por la Constitución y siendo que tenemos una Sanidad Pública de reconocido prestigio, de las mejores del mundo al decir de los entendidos en esta materia, seamos competentes y solidarios y hagamos un uso racional de la misma, tenemos la obligación de usar este servicio de manera eficiente.

tenemos la obligación de usar la sanidad pública de manera eficiente

Y aquí empieza la controversia: cobrar al ciudadano por una asistencia sanitaria que ya paga a través de sus impuestos —el copago o más bien repago—. Tasa por receta, ticket moderador, sancionar al usuario que anule las visitas al especialista sin motivo, cupón para una serie de visitas sin coste y a partir de un número determinado cobrar de manera progresiva, siempre que se trate de sanos y no de diagnosticados como crónicos, etc. Algo hay que hacer, tenemos edad suficiente para saber que la mayoría de las personas solo respondemos ante estímulos potentes, léase las multas y penalización en puntos desarrollados por trafico.

En algún momento habrá que resolver el tema de las vacaciones sanitarias de terceros en España, así como alinear el servicio en todas las comunidades autónomas y que sea ágil la asistencia para el ciudadano independientemente de la comunidad de origen, en estos momentos, se da en algún caso que es más fácil recibir asistencia sanitaria siendo inmigrante ilegal que residente de otra comunidad y esta disfunción no se puede producir. No son soportables las listas de espera de determinados servicios, algo habrá que pensar desde el punto de vista de la eficiencia en la gestión.

Una anécdota, contaba recientemente uno de los médicos de atención primaria de un pueblo cabecera de comarca de nuestra comunidad, que desde que tienen informatizado el sistema, pueden controlar el número de veces y en qué servicios atienden a sus pacientes y nos revelaba dos pequeños enigmas: Las urgencias son una mentira, en la mayoría de los casos se convierten en una visita ordinaria más y otro, si cabe más importante, algunos pacientes sanos llevan más de 50 visitas al medico de atención ambulatoria y prácticamente todas en horario de urgencia, cuando menos da que pensar.

Derecho a la Educación

La Educación es un derecho humano reconocido y se entiende como el derecho a una educación primaria gratuita obligatoria para todos los niños, una obligación de desarrollar una educación secundaria accesible para todos los jóvenes, como también un acceso equitativo a la educación superior, y una responsabilidad de proveer educación básica a los individuos que no han completado la educación primaria. Nuestra Constitución, como no podía ser de otra manera, recoge todos estos principios y añade que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

estamos obligados a estudiar, no podemos derrochar recursos

Dicho lo anterior y reconocido el derecho, tenemos la grandísima obligación de estudiar no podemos derrochar recursos, impuestos, de manera impune y tenemos la obligación de proveer a los estudiantes una educación de calidad. En este sentido sería interesante establecer mecanismos que refuercen el esfuerzo de quienes cumplen de manera satisfactoria curso a curso con su obligación de estudiar, de la misma manera se deben establecer mecanismos que consoliden la autoridad de los educadores y al mismo tiempo premien a quienes lo hagan bien, los resultados mandan, y penalicen a quien no este a la altura.

En este orden de cosas sería interesante que la enseñanza en el futuro primara valores como el trabajo, el esfuerzo, el mérito y la competencia en el aprendizaje, y no sería descabellado profesionalizar la dirección y las jefaturas de estudios en los centros.

Se nos ocurre por ejemplo en referencia a la educación universitaria que, si en la actualidad quien obtiene matrícula de honor tiene la matricula del curso siguiente completamente gratis, manteniendo lo anterior, se podría relajar la exigencia y quien obtuviera una nota superior a 8 y, por tanto, no llegara a matrícula, tuviera como premio reducir el coste de la inscripción del curso siguiente en un 30% y, por el contrario, quien repitiera, incrementar su coste en un 40% para la siguiente matrícula y de manera progresiva las siguientes. Recordar que el coste por curso de cada universitario supone alrededor de 8.000 euros y que el coste de la matricula cubre poco más del 10% del mencionado coste.

Derecho al trabajo

Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia sin que, en ningún caso, pueda hacerse discriminación por razón de sexo.

La propia Constitución marca el antónimo del derecho y es que en la situación actual, en la que quien tiene trabajo goza de un privilegio que no está al alcance de todos, no es de recibo el alto índice de absentismo laboral existente y que merma la productividad de las empresas, tenemos la obligación de ser más rigurosos en nuestra relación con quien satisface nuestras necesidades, todo ello sin menoscabo de los derechos que nos asisten.

Derecho a la libertad de empresa

La Constitución española reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado y añade nuestra carta magna que los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.

Es, por tanto, un derecho incuestionable la Libertad de Empresa, pero no deja de ser una obligación del empresario, tal como manda la Constitución, defender la productividad de sus empresas y con todos los respetos, muchos de ellos dejan bastante que desear respecto de la relación entre la producción obtenida y los recursos utilizados en la obtención de la misma y no nos referimos a los recursos humanos, que también, sino a su visión sobre los intangibles (formación y cualificación de los trabajadores, innovación, TICs, etc.), la capacidad de adaptación de algunos empresarios a un mundo globalizado es realmente escasa.

ES obligación del empresario defender la productividad de sus empresas

Hablar de cambios en la forma de hacer de algunos de los empresarios y directivos no parece ningún atrevimiento, más cuando la competitividad de las empresas se manifiesta como la única forma de supervivencia. Invertir en intangibles y modernizar la gestión implementando mejoras; en la organización que permitan reducir tiempos, tareas, duplicidades, etc. y en las formas de hacer (placer por lo bien hecho) como forma habitual de proceder; debiera ser una obligación del mismo calado que la libertad de empresa.

Nuestros políticos han de ser capaces de preservar este estado de las cosas y al mismo tiempo transmitir a la sociedad que la provisión de bienes y servicios públicos no es gratuita, que estos bienes y servicios se pagan con impuestos, que su uso está basado en la solidaridad, pero que su abuso dista de ser solidario. La famosa frase de ”hay que ordeñar a la vaca mientras éste dé leche” está ampliamente superada, porque puede que la vaca esté enferma y la leche que dé sea de mala calidad o puede que la enfermedad le impida dar leche y necesite sanar, incluso puede ocurrir que la vaca se muera y, en el peor de los casos, puede ocurrir que ni exista la vaca. Los últimos años anteriores a la crisis parece obvio que hemos vivido en general en una burbuja y no solo inmobiliaria y desde la llegada de la democracia allá por finales de los años 80 además, hemos asistido a una continuada y definitiva adquisición de derechos ciudadanos, pasada la efervescencia y consolidado el sistema político son tiempos de mantener los derechos adquiridos pero actuar de manera decidida por el lado de las obligaciones.

Como siempre, si la crisis, los mercados, Draghi y Merkel nos dejan, sean moderadamente felices.  

• Nº 63-Diciembre 2011

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