Número 64 · ENERO 2012

El Plan Red de Carreteras
se desmorona

El controvertido programa de inversiones adjudicado por el Gobierno de Marcelino Iglesias puede acabar en la cuneta sin ni siquiera haber empezado los trabajos de mejora y conservación de las principales carreteras autonómicas, encomendados a ocho contratistas para los próximos 38 años por un importe de 5.144 millones de euros. El PP siempre se ha opuesto a lo que entendía como una grave hipoteca, censurada incluso por la Intervención General de la DGA, y ha logrado encauzar su objetivo por el momento.

Algunos de los carteles anunciadores de las obras del PLAN RED solo estuvieron instalados durante unas horas.

JORGE ALONSO. [Enero 12]  El consejero de Obras Públicas, Rafael Fernández de Alarcón, se marcó como una de sus principales metas al llegar al Pignatelli tumbar el Plan de Carreteras, tal y como reconoció en su primera comparecencia monográfica en las Cortes de Aragón. Lo intentó con la revisión de los proyectos de mejora de la red viaria estructurante, pero ninguno registró deficiencias técnicas como para echar atrás ni uno solo de los contratos. Luego suspendió de forma unilateral los trabajos de vialidad invernal, casi al mismo tiempo que instaba a las adjudicatarias a asumir desde el 1 de enero las labores de conservación ordinaria de las vías asignadas en los contratos, que suman 2.420 kilómetros y concentran el 75% del tráfico de la red autonómica. Nada funcionó, salvo la imposibilidad de las empresas de encontrar financiación en unas condiciones que no hagan ruinoso el negocio. Y con esa losa, de la que responsabilizan directamente al Gobierno de Luisa Fernanda Rudi por sus “continuas declaraciones” en contra, cinco de las ocho contratistas solicitaron la suspensión temporal de los contratos para sentarse a negociar con la DGA.

Fuentes conocedoras de las negociaciones dieron por hecho que el Plan Red acabará en “agua de borrajas” por la radical oposición del PP. “No se puede sostener un proyecto de colaboración público privada de semejante calado cuando el cliente, la Administración autonómica, lo rechaza de plano. Y da igual que los contratos los dejara adjudicados el anterior gabinete del PSOE-PAR, porque se han convertido en algo inviable. Otra cosa es que las obras hubieran comenzado, porque entonces serían palabras mayores”, señalaron antes de advertir de que las rescisiones tendrán un coste abultado, especialmente en tiempos de crisis.

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Varios contratistas cuantifican en un mínimo de cinco millones de euros el dinero que, a su juicio, deberían percibir como indemnización por parte del lucro cesante y por los gastos ya generados en la redacción de los proyectos de obra y en los trámites y gestiones desarrollados, que se empezaron a acumular desde que el anterior consejero de Obras Públicas, Alfonso Vicente, firmara los contratos a finales de marzo de 2011.

Además, la DGA tiene encima de la mesa una reclamación de 20 millones de euros por una de las empresas que aún no se ha sentado a negociar y que ha exigido por escrito a la DGA la rescisión del contrato. En este último caso, la Unión Temporal de Empresas (UTE) liderada por Rover Alcisa adoptó la decisión tras comprobar que la Dirección General de Carreteras le echaba atrás los proyectos constructivos, no por defectos formales y deficiencias, sino por haber incluido modificaciones “regladas” y justificadas desde el punto de vista técnico y jurídico que, a juicio de la DGA, suponen un claro incumplimiento del pliego de condiciones. “Lo que no explica la Consejería de Obras Públicas es que la empresa lo único que hizo es ajustar los parámetros del diseño a la normativa vigente para no incumplirla”, indicaron fuentes del sector.

El evidente cambio de actitud que ha tenido la Consejería de Obras Públicas, que ha rebajado el tono de crítica al Plan Red hasta el punto de orillar los ataques, ha hecho posible que cinco de las contratistas se hayan sentado con el consejero de Obras Públicas y en estos momentos se dispongan a negociar la rescisión. Tres de ellas, lideradas por la constructora nacional Altec y la zaragozana Mariano López Navarro, fueron las primeras en exigir la rescisión y una indemnización millonaria a la DGA por entender que su “conducta” les estaba imposibilitando encontrar financiación para acometer las obras iniciales de mejora incluidas en el Plan Red, valoradas en 635 millones de euros. Lo hicieron por escrito el pasado mes de noviembre y la DGA rechazó de plano su petición, aunque ahora las partes optan por el diálogo y la negociación tras el giro dado por la Administración.

Obras Públicas también debe negociar el futuro de otro de los contratos, suspendido por el anterior equipo socialista como consecuencia de las afecciones técnicas y legales de dos de las carreteras incluidas, las que comunican con San Juan de la Peña y llevan a Francia por el puerto del Portalet. La única UTE que sigue adelante, liderada por OHL, asume uno de los tres sectores en los que se dividió la provincia de Huesca, que suma 221 kilómetros repartidos entre los Monegros, la Hoya de Huesca y el Bajo Cinca. La adjudicataria ha asumido la conservación y en breve debe comenzar la renovación a lo largo de 76 kilómetros, cuyas obras se deben acometer en un plazo máximo de 30 meses.

Fuentes del sector de la obra pública confirman que los problemas del Plan Red se reducen exclusivamente a su financiación. Las ocho adjudicatarias, en todos los casos uniones temporales de empresas, tienen que captar 635 millones de euros para ejecutar en dos años las obras de modernización y mejora del Plan Red, pero las entidades financieras no están dando precisamente facilidades. A este coste se uniría los de mantenimiento y conservación de las carreteras de su competencia durante 38 años, lo que dispara la factura final hasta los 5.144 millones, IVA incluido.

varios contratistas cuantifican en 5 millones el dinero a percibir como indemnización

Las propias contratistas reconocieron que las condiciones de financiación ofertadas por la entidades financieras para optar al concurso de la DGA, recogidas en cartas de compromiso y cuya presentación era preceptiva, han cambiado de forma sustancial. Entonces, bancos y cajas estaban dispuestos a prestar el dinero con un diferencial del 2,8% sobre el euribor, “pero ahora, con la actitud demostrada por el Gobierno de Rudi contra el plan Red, se curan en salud y elevan ese diferencial 4% y la contrata se convierte automáticamente en inviable”, señalaron. Con otras palabras, los bancos se llevarían casi por completo el beneficio de la contrata y el riesgo de perder dinero ante la mínima incidencia en la explotación sería demasiado alto.

Las grandes constructoras difieren en el análisis que hacen las adjudicatarias, compartiendo la tesis del problema de la financiación del Plan Red. “Las mismas condiciones las están exigiendo los bancos para cualquier operación en el sector inmobiliario y de la obra pública, por lo que este problema no se puede achacar únicamente a la actitud de la DGA. El dinero no fluye y las entidades financieras no quieren correr más riesgos de los necesarios”, aseguraron.

De hecho, tan solo una de las grandes firmas del país, OHL, se llegó a presentar al concurso, ya que el resto entendían que las contratas de carreteras del Gobierno aragonés suponían un negocio cuestionable con un beneficio previsto “por debajo de los dos dígitos”, especialmente si se alargaba durante cuatro décadas en las que podían registrarse todo tipo de incidencias que afectaran a los costes de mantenimiento. “Con un beneficio previsto entre el 7% y el 8%, no hay apenas margen para imprevistos, como se ha confirmado antes incluso de que empiecen las obras al haberse endurecido las condiciones del crédito”, sentenció un ejecutivo de una las grandes constructoras nacionales que no concurrió al concurso.

Fuentes socialistas aseguraron que llegaron a recibir “presiones” por parte de la Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional de España, Seopan, para incrementar el porcentaje de beneficio. “Nos negamos. Nos dijeron que estábamos locos y nuestro modelo de colaboración público privada sirvió de ejemplo para el resto de España”, explicaron.

El actual consejero de Obras Públicas, Rafael Fernández de Alarcón, sostiene, al igual que otros miembros del Gobierno aragonés y del PP, que la figura de la colaboración público y privada es positiva, pero no en los términos del Plan Red. Así, remarcan que hipoteca las arcas autonómicas durante cuatro décadas, ya que obliga a un pago que oscila entre los 97 y los 147 millones de euros al año. Fernández de Alarcón incidió en que el plan ni es “serio” ni está bien fundamentado, además de ser “insostenible y no financiable” y haberse encarecido con una “maraña” de asistencias técnicas.

Lo más grave para el PP y para los dos grupos de la oposición que siempre han cuestionado este “programa de privatización” de las carreteras aragoneses, CHA e IU, es el hecho de que la inversión en tres de los ocho sectores del Plan Red compute como deuda. Los conservadores lo advirtieron en las Cortes antes de que se adjudicaran los contratos, pero el Ejecutivo PSOE-PAR siguió adelante pese a que era consciente de que la misma aseveración se la habían transmitido desde el Banco de España, la Intervención General del Estado (IGAE) y el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los socialistas siempre negaron que estos organismos les apercibieran y que, como mucho, podían existir dudas sobre uno de los ocho contratos.

La confirmación llegó más tarde, el pasado mes de julio, cuando la presidenta Rudi hizo público en su discurso de investidura que la oficina estadística de la UE (Eurostat) constataba que tres de los ocho sectores debían computar como deuda, lo que supondría un déficit adicional de 200 millones de euros para las arcas autonómicas. La notificación llegó un mes antes al ex consejero de Economía Alberto Larraz mediante una carta remitida por el Instituto Nacional de Estadística: “Como podrás ver, los expertos de Eurostat coinciden con la opinión del grupo de trabajo nacional (INE, IGAE y Banco de España) en que los activos de tres de los contratos deberán asignarse al sector de las administraciones públicas, dado que el gasto que se va a realizar no constituye una parte importante con respecto al valor inicial de los activos. Por otro lado, los correspondientes a los otros cinco estarán en los balances de las sociedades no financieras. El registro contable de los primeros tendrá efecto sobre el déficit y la deuda de la Comunidad de Aragón mientras que el registro de los últimos, no”.

La DGA negocia la rescisión de dos de los contratos que computan como deuda (que corresponden a sendos sectores de Zaragoza y Teruel) y el tercero tiene como titular a la UTE que reclama la ruptura del contrato a la DGA y una indemnización de 20 millones de euros. La situación evidencia que se tendrá que cargar con las consecuencias, ya sea por la vía de computar la deuda o por la de compensar a las empresas. Un sacrificio adicional para las maltrechas arcas públicas. 

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